Viola gobierno de EU debido proceso de migrantes: ONG
Organizaciones y defensores de derechos de migrantes en la Unión Americana advirtieron que las deportaciones aceleradas y las violaciones al debido proceso se están generalizando en contra de las personas mexicanas y migrantes en general detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.
Los defensores destacaron que los migrantes mexicanos cuentan con derechos fundamentales garantizados por la Constitución estadounidense, como el derecho al silencio, al acceso a asesoría legal y a asistencia consular.
La directora ejecutiva de la organización Alianza Americas, Dulce Guzmán, destacó que el “ICE está realizando detenciones agresivas, y muchas familias no saben dónde están sus seres queridos ni pueden localizarlos con el sistema en línea del gobierno federal”.
“Es más urgente que nunca que las personas conozcan sus derechos, estén preparadas, conectadas a una organización confiable y busquen ayuda legal de inmediato”, subrayó Guzmán a El Economista.
Enfatizó que el debido proceso está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), sin importar el estatus migratorio. No obstante, “algunas políticas recientes han eliminado por completo el acceso al debido proceso”.
Por ejemplo, la defensora mencionó que la remoción expedita es un proceso que permite la deportación inmediata de personas sin estatus migratorio regular, sin necesidad de comparecer ante un tribunal y que esta figura legal fue ampliada desde el 21 de enero de 2025 para aplicarse a nivel nacional a cualquier persona que no pueda demostrar al menos dos años de residencia continua en Estados Unidos.
Por su parte, Sergio Infanzón, integrante de la Red de Liderazgo del Sureste y enlace nacional de Comunidad Migrante, señaló que las deportaciones, en condiciones normales, pasan por una evaluación inicial del caso con la posibilidad de obtener una fianza y al menos dos audiencias ante un juez de inmigración.
“Pero dada la situación actual, la mayoría de las personas detenidas no están siendo reportadas ni están accediendo a este proceso. Las están deportando automáticamente”, denunció.
Derecho al silencio
“Lo primero que debe hacer una persona detenida es ejercer su derecho a guardar silencio y pedir un abogado”, explicó Infanzón.
Sin embargo, advirtió que actualmente muchas personas son llevadas a centros de detención sin que se respeten sus derechos constitucionales y, en algunos casos, deportadas sin siquiera pasar por una corte migratoria.
Sobre las posibilidades legales de una persona ya deportada, Infanzón fue tajante:
“Bajo este gobierno será muy difícil que alguien que ya esté fuera del país pueda iniciar un proceso legal para volver. Para presentar una demanda, debes estar presente en corte, firmar documentos. No lo están permitiendo”.
Demandas
Infanzón mencionó, por otro lado, que diversas organizaciones han emprendido acciones legales.
“Desde el primer día de esta administración hemos estado presentando demandas”, dijo Infanzón, quien recordó que incluso el gobernador de California demandó al gobierno federal por enviar a la Guardia Nacional a las calles sin consulta previa.
“Estamos en un momento de contrademandas y sentencias judiciales que van y vienen. Es un panorama muy complicado”, dijo.
A pesar del contexto adverso, Infanzón aseguró que las comunidades migrantes están reorganizándose.
“Nos hemos preparado durante décadas, pero nunca habíamos visto un nivel de violación de derechos como el actual. Estamos reagrupándonos y atrayendo nueva energía al movimiento”.
En Estados Unidos, según WJP
Ven rezagos en justicia civil y derechos humanos
Estados Unidos se ubicó en el puesto 26 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2024, elaborado por el World Justice Project (WJP), manteniéndose sin cambios en su posición o puntuación respecto al año anterior.
Con una calificación general de 0.70 sobre 1.0, el país se sitúa por debajo del promedio regional (0.73) para Europa, EFTA y América del Norte, aunque por encima del promedio global (0.55).
Según la organización, el país muestra rezagos en “Justicia civil”, “Justicia penal” y “Derechos fundamentales”, este último por debajo del promedio regional (0.77), lo que representa uno de los contrastes más marcados.
Con una puntuación de 0.63, Estados Unidos ocupa el lugar 33 de 142 países en justicia civil. Sin embargo, al desglosar los indicadores se observa que el país se sitúa en el último lugar dentro de su región (31/31) y grupo de ingreso alto (47/47) en cuanto a acceso asequible a la justicia civil, con una puntuación de apenas 0.48. En el subfactor de ausencia de discriminación, obtiene 0.40, ubicándose en la posición 115 global.
Aunque destaca en ausencia de corrupción (0.83) y disponibilidad de mecanismos alternativos de resolución de disputas (0.79), los procesos judiciales en el ámbito civil siguen afectados por influencias indebidas (0.68) y retrasos procesales (0.58).
Mientras que con una calificación de 0.68, Estados Unidos se sitúa en el lugar 37 del mundo en derechos fundamentales, sin avances desde 2023. Su desempeño es notable en libertad de expresión (0.71) y reunión y asociación (0.79), pero sufre retrocesos en igualdad de trato (0.50) y derechos laborales (0.56).
