Ven retroceso en derechos con reformas en seguridad

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que el periodo extraordinario de sesiones que inició este martes en el Congreso de la Unión no representa buenas noticias para los derechos humanos, especialmente por las reformas previstas en materia de Guardia Nacional y desapariciones forzadas.

A través de una serie de mensajes difundidos en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la organización señaló que la agenda legislativa está cargada y no se espera una discusión de fondo sobre los temas más delicados.

En particular, la ONG mostró preocupación por la posible consolidación del carácter militar de la Guardia Nacional, así como por los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública que ampliarían de forma excesiva las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de inteligencia, lo que consideran un avance de la militarización sin controles civiles.

Crisis forense

Respecto a las reformas a la Ley General en materia de Desaparición de Personas, el Centro Prodh subrayó que, pese a algunos cambios menores y de forma, la iniciativa del Ejecutivo no representa un avance sustantivo frente a la grave crisis de desapariciones que enfrenta el país.

La organización criticó que el nuevo texto legislativo no haya sido difundido públicamente y alertó que, si no se fortalece normativamente al hoy desmantelado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), será imposible atender el rezago forense que afecta a miles de familias buscadoras.

“Con estas modificaciones no sólo no se avanzaría sustantivamente sino que además: se desmovilizaría la exigencia de justicia por (los desaparecidos de) Teuchitlán; se cancelaría la exigencia de renovación de personas funcionarias en cargos clave; se facilitaría que se informen al Comité CED avances ficticios en el marco de la activación del art. 34 de la Convención; se retrocedería en victorias ganadas”, precisó en su mensaje.

Además, se señaló que el celebrar y saludar los diálogos de las autoridades mexicanas con las víctimas no debería de disminuir la exigencia y la revisión crítica sobre las medidas que se toman frente a la “realidad tan dolorosa” como la crisis de desapariciones.