Ven la luz los primeros derechos laborales de la era digital en México

Esta semana entraron en vigor los primeros derechos laborales de la era digital en México. Desde el domingo 22 de junio, repartidores y conductores de Uber, DiDi y Rappi cuentan con un marco legal que reconoce, por primera vez, su vínculo con las plataformas y les da acceso a seguridad social, vacaciones pagadas, reparto de utilidades y contratos por escrito.

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2024, fue construida tras decenas de reuniones entre autoridades laborales, las propias plataformas, el IMSS, el Infonavit, el SAT y representantes de trabajadores. Su aprobación por unanimidad en el Congreso marcó un giro en la regulación del trabajo digital en México.

A partir de ahora, quienes generen ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual (alrededor de 8,350 pesos) accederán plenamente a los beneficios del IMSS e Infonavit: atención médica, pensión por vejez, seguros por invalidez y maternidad, guarderías, ahorro para la vivienda. Quienes no alcancen ese ingreso estarán solamente cubiertos por riesgos de trabajo durante sus trayectos.

En el marco de la entrada en vigor de la reforma, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, expresó que “la innovación tecnológica no tiene por qué estar reñida con la justicia laboral”, además de destacar que “la dignificación del trabajo no puede frenar la innovación y tampoco la innovación puede dejar atrás los derechos de las y los trabajadores”.

Será el 1 de julio cuando inicie el programa piloto del IMSS para la afiliación de repartidores y conductores, el cual se extenderá hasta el 31 de diciembre. Esta etapa permitirá probar y ajustar el proceso de inscripción, cotización y fiscalización antes de su aplicación general. Este martes, el IMSS publicó las reglas de operación correspondientes y sólo están pendientes las de la STPS.

Un punto clave es que la reforma no implica más pago de impuestos para repartidores y conductores, ya que se mantienen las reglas previamente definidas para este sector. En palabras del propio secretario: “La formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, lo que significa una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras”.

También se introduce una regulación de la gestión algorítmica. Las decisiones tomadas por los sistemas para la asignación de los viajes deberán ser “transparentes, comprensibles y revisables por personas”, y nadie podrá ser desconectado sin audiencia previa. Sólo en casos graves, como fraude o riesgos de seguridad, se permitirá una desconexión inmediata y justificada.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo Marath Bolaños, ha reconocido a México por “presentar un modelo regulatorio innovador en la economía digital, un modelo que garantiza derechos sin imponer rigideces y que además respeta la libertad de organización del trabajo”.

Pero más allá del reconocimiento desde el exterior, el verdadero desafío empieza ahora. El riesgo de que las plataformas busquen esquemas de evasión, que la afiliación sea limitada o que el algoritmo se mantenga como caja negra sin consecuencias prácticas, es real.

La experiencia mexicana en otras reformas laborales muestra que el diseño legal puede ser impecable, pero sin voluntad de cumplimiento, supervisión efectiva y mecanismos accesibles para las personas, los avances se diluyen. Ahí está el caso de la reforma para las trabajadoras del hogar como muestra.

La regulación para las apps de reparto y viajes es un paso histórico, pero no está blindada. De su implementación efectiva dependerá que los derechos de 650,000 repartidores y conductores no se queden en el papel. En este nuevo mundo laboral, el desafío no es sólo técnico o jurídico, también es político y cultural. Se trata de demostrar en la práctica que en la economía digital también pueden existir empleos dignos.