Veintena de estados rechazan compartir datos de beneficiarios de ayuda alimentaria en EU

Los fiscales de una veintena de estados anunciaron este lunes la presentación de una demanda judicial para intentar bloquear una medida del gobierno de Donald Trump destinada a obtener datos personales de decenas de millones de estadounidenses que recurren al programa de ayuda alimentaria del país.

La Comisión para la Eficiencia Gubernamental (Doge) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos solicitaron en mayo a los estados que remitieran, para el 30 de julio, al gobierno federal los datos de los cerca de 40 millones de personas que se benefician de este programa, conocido por las siglas Snap.

Si no proporcionan dicha información, los estados corren el riesgo de quedarse sin los recursos federales para financiar el programa.

Pero el lunes, los fiscales generales de una veintena de estados, entre ellos los de Nueva York, California y Míchigan, se negaron a compartir estos datos, alegando, entre otras cosas, que temen que se utilicen contra los migrantes.

“Esta administración ha exigido a los estados que le transmitan la información personal sensible de todos los beneficiarios del programa Snap desde 2020. Esto incluye direcciones, números de la seguridad social y estatus migratorio”, declaró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en una rueda de prensa en línea.

“No se trata de mejorar un servicio del que dependen millones de personas, sino más bien de utilizar el programa Snap como arma contra las comunidades inmigrantes (…) No lo toleraremos”, agregó, antes de alertar de que esta recopilación de información viola las leyes de protección de la privacidad.

Para la fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, el gobierno federal pretende hacerse con esta información “para crear una base de datos y compartirla con organismos que no están implicados” en la distribución de alimentos, “como la agencia de inmigración”.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en una prioridad absoluta, prometiendo la mayor campaña de expulsiones de la historia de Estados Unidos.

En los últimos meses, los agentes del ICE, la autoridad fronteriza y de inmigración, han multiplicado las detenciones en todo el país, en particular a la salida de las audiencias en los tribunales sobre su solicitud de asilo o redadas en los lugares de trabajo.

El mes pasado, 60,254 personas estaban detenidas en centros del ICE a la espera de su posible expulsión. En enero, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, solo eran 40,500.

Para el fiscal general de California, Rob Bonta, el mensaje subyacente a la petición de las autoridades federales, que también buscan recortar el gasto social, es claro: “Si necesitas ayuda, es posible que te castiguen”, declaró, y añadió: “Vamos a contraatacar”.