Usan figura de violencia política para censurar: expertos

Integrantes de organizaciones dedicadas a defender la libertad de expresión, alertaron que el uso faccioso de la figura de violencia política contra las mujeres por razón de género por parte de la clase política, pervierte el sentido de esta medida tan necesaria para la protección mujeres políticas, al tiempo que inhibe la tarea periodística al ser usado como un escudo para censurar a la prensa e incluso la ciudadanía.

Luego de que se dieran a conocer diversos fallos de tribunales electorales en contra de periodistas y una ciudadana, por supuestamente ejercer violencia política contra las mujeres; expertas como Lucía Lagunes, de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), consideró que estos casos muestran la urgencia de generar criterios claros sobre que sí es violencia política al interior de los tribunales, ya que sostuvo que no todas las expresiones sexistas en contra de una funcionaria pública deben ser consideradas violenta política.

Papel judicial

De igual forma, la activista resaltó el papel que ha tenido el sistema judicial en estos casos, ya que sostuvo que el hecho de que un tribunal electoral se preste para tramitar este tipo de acusaciones y además llegar a las sentencias que a todas luces consideró excesivas, es una forma “perversa” de usar el sistema.

Y es que opinó que para determinar la violencia política se deben tomar en cuenta elementos como el contexto en el cual se da esa expresión que pudiéramos considerar sexista, ya sea cuando en el centro de una investigación está un un hecho público de interés público, es decir, corrupción, nepotismo, malversación, abuso de poder, violación a derechos humanos y en medio de eso puede haber una expresión sexista; así como también se debe analizar la intención de la expresión.

Mientras que Leopoldo Maldonado de Artículo 19, mostró su preocupación sobre el incremento del acoso judicial en contra de la prensa y la ciudadanía, ya que detalló que tan sólo el año pasado, lograron documentar 21 casos, de los cuales una tercera parte era precisamente violencia política de género.

“Al ritmo que vamos en 2025, donde preliminarmente tenemos ubicados nueve casos, pues evidentemente esto pinta para que se vaya a incrementar todavía más el nivel de acoso judicial”.

Por ello, consideró que es necesario que se genere un debate legislativo en torno a la posibilidad de ajustar la violencia política en razón de género “porque se apostaba a que en sede judicial esta figura fuera interpretada de manera que no afectara la libertad de expresión. Ya vimos que no. Ya vimos que va a ser una tarea del poder legislativo”.