¿Una política industrial procompetencia?

La política industrial ha enfrentado el descrédito desde hace varias décadas, pues su aplicación sin diseño claro, sin focalizar y sin reglas de gobernanza, ha conducido a distorsiones en la asignación de recursos, protección de empresas ineficientes, captura regulatoria y barreras a la entrada.

Sin embargo, cada vez más voces señalan que la aplicación de disposiciones para aperturar los mercados no ha resuelto problemas diversos, como fallas de coordinación en la innovación; externalidades positivas desaprovechadas; mercados emergentes con escala insuficiente; objetivos estratégicos de seguridad económica o geopolítica; fragmentación de mercados y estructuras monopólicas. La solución propuesta ha sido regresar a la política industrial.

La pregunta clave, para no reproducir los errores del pasado, es: ¿cómo implementar una política industrial, que genere eficiencia y no afecte, sino al contrario, apoye la generación de mercados más competidos? Esa pregunta es atendida por el grupo de destacados economistas Aghion, Dewatripont y Legros, en un artículo reciente en el que establecen algunas bases para implementar una política industrial armónica con la competencia (“Competition-Friendly Industrial Policy”).

Los autores sostienen que la dicotomía entre la política industrial y la política de competencia es artificial. De acuerdo con la teoría económica y la evidencia empírica, los académicos sostienen que: I) una política industrial correctamente diseñada puede estimular la innovación, si fomenta la competencia en lugar de proteger empresas establecidas en los mercados; II) la competencia incrementa el impacto positivo de las políticas industriales sobre la productividad; y III) los subsidios o incentivos deben ser aplicados en sectores específicos, de manera focalizada y distribuidos de forma que eviten el surgimiento de la colusión.

Un aspecto a enfatizar, es que la política industrial ha sido exitosa en entornos institucionales que cuentan con agencias para el desarrollo de proyectos de investigación avanzada (ARPA), de las cuales destacan las existentes en los EUA enfocadas en en la defensa o en la biotecnología y la salud, sin las cuales no habría sido posible obtener vacunas contra el Covid-19 en un plazo jamás visto en la historia de la humanidad en un entorno que produjo competencia entre tecnologías. Estos modelos institucionales combinan la definición de misiones estratégicas por el Estado, con una implementación basada en la competencia entre proyectos privados.

Una de las razones que explicarían el rezago europeo, expuesto en el informe Draghi, es precisamente la carencia de este tipo de instituciones, lo que ocasiona una dispersión de esfuerzos y resultados en materia de innovación que ha contribuido a la creciente brecha de productividad entre Europa y los EUA.

Para los autores, la aplicación de la política industrial China ofrece lecciones. La primera es que no todos los instrumentos de política industrial son igualmente efectivos, pues parece que los subsidios directos y las exenciones fiscales muestran los mayores efectos en la productividad. En segundo término, la política industrial tiene mayores efectos cuando está dirigida a empresas pequeñas y hay una amplia dispersión de los apoyos. Finalmente, las políticas más efectivas son las que fomentan la entrada de nuevos agentes, pues ayudan a reducir la concentración y mejoran la eficiencia.

Las principales recomendaciones del documento, que deberían suscitar una reflexión en México, ahora que se redefine el rol económico del Estado, son: I) las políticas deberían evitar apoyar a sectores concentrados o con empresas dominantes; II) deberían focalizarse en sectores de alta innovación y externalidades positivas relevantes; y III) evitar apoyos a actividades de imitación o réplica de productos ya existentes.

En resumen, la propuesta que adoptemos debe rediseñar la política industrial, de manera que se estimule a nuevos negocios, desarrollados en industrias no concentradas, en un entorno de gobernanza que evite la introducción de incentivos contradictorios al desarrollo de la productividad, desincentive la colusión e impida situaciones de captura y corrupción.

*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.