Una confusa política social
La semana pasada la presidente lanzó urbi et órbi, la declaración de que la pobreza en México había disminuido en 13 millones de habitantes gracias a la política social de la 4T. Es imposible regatear el hecho de qué, en efecto, como dice la directora del INEGI ha habido un aumento innegable en el ingreso familiar en ciertos sectores de la población, gracias a dos hechos: el aumento al salario mínimo en cuyo caso, además de agradecer al gobierno hay que agradecer al sector privado. El segundo, se debe a las transferencias monetarias que hace el gobierno a ciertas personas en forma de dádivas, becas, ayudas o como le quiera llamar, en cuyo caso, hay que agradecernos a todos nosotros, que con nuestros impuestos y algunos prestamos que ha pedido el gobierno, haya aumentado la capacidad de compra de muchos mexicanos.
Ahora bien, la cuestión no es tan simple ni las cosas son color de rosa. En este asunto de contar y evaluar, no era extraño que hubiera dos instituciones diferentes. No es lo mismo hacer grandes agregados, como hace el INEGI y reportarlos como datos crudos que alguien tiene que trabajar y convertir en algo razonable, que permita evaluar el éxito y viabilidad de la política social. El CONEVAL, en cambio evaluaba, los distintos números que se recopilaban de distintas fuentes y los hacia pasar por el tamiz de medir los datos crudos, contra cuantos derechos que garantiza la constitución eran realmente asequibles a todos los mexicanos. Por lo tanto, la política social, no era un asunto de amontonar números y presumir uno o dos de las decenas que arrojan las encuestas, sino de hacer una evaluación sobre si esa política era viable, sostenible, mejoraba en el tiempo la vida de las personas y si educación, vivienda, salud, agua, seguridad y alimentos reales, estaban llegando realmente a la población, porque si todo era asequible, entonces de verdad se elimina la pobreza.
Al desaparecer el CONEVAL, el INEGI se aboco a reunir números, lo mejor que pudo y en efecto en una de sus preguntas sobre ingreso, descubrió que 13 millones habían dejado de ser pobres. Sin embargo, en varios rubros más las cosas se complicaron peor de lo que estábamos. El deficit en salud sigue siendo oprobioso, pasamos de carencia por acceso a servicios de salud de 20 millones en 2018 a 44 millones en 2024 y por lo tanto a depender de los consultorios a un lado de las farmacias, especialmente las del Dr. Simi y las del Ahorro, lo que significa una privatización del servicio en sentido estricto y mayor gasto en medicinas. La matrícula en las distintas etapas educativas se ha reducido en más de un 20%, pero sobre todo educación media y superior.
Hay otras perlas japonesas dignas de mencionarse. La población con carencias sociales (es decir derechos que están en la Constitución) pasó de 25 millones en 2018 a 27 millones en 2024. La población vulnerable por carencias sociales pasó de 31 millones en 2018 a 42 millones.
Además, lo más importante es la viabilidad en el largo plazo. Una politica social sin crecimiento y con baja inversión no podrá generar los ingresos para sostenerla. Seguir pidiendo prestado para regalar dinero es una muy mala idea y muy peligrosa para el país, habida cuenta de que nuestro vecino del norte cada vez es más intransigente y más duro con nosotros, así que presumir con números sin evaluación es una buena y creíble mentira, pero no es verdad, son sombras que requieren luz para evaluarse. Nada más, pero nada menos, también.
