TEPJF abre la puerta para que funcionarios promuevan la elección judicial

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En contra de esta determinación se pronunciaron la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes defendieron su postura al recordar que dichas prohibiciones vienen explícitas en la constitución y leyes secundarias que establecieron justamente los mismos partidos políticos, a través de sus fracciones legislativas.

“Ya de por sí hoy en día tenemos funcionarios públicos que son también candidaturas que siguen en el cargo con recursos públicos promocionando no solo una elección, sino también candidaturas…Y en mi criterio esta prohibición es absoluta y tajante en su literalidad, señalando textualmente que está prohibido el uso de recursos públicos, ya sean estos materiales o humanos, para fines de promoción de un proceso electoral judicial”, recalcó la magistrada Otálora Malassis.

Por el contrario, al defender su proyecto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña argumentó que la elección de personas juzgadoras es una elección distinta, y debido a que su diseño incluye la participación de los Poderes de la Unión, esto los habilita para promover el voto y educar en la participación ciudadana.

“Es de relevante trascendencia esclarecer que, al estar frente a un proceso electoral nunca antes visto, con reglas diferentes y con una naturaleza diversa, este órgano jurisdiccional debe interpretar la normativo, conforme al diseño constitucional actual y aplicable, no conforme a elecciones de partidos, que en este caso no resultan aplicables sus reglas, el cual es claro al no prohibir absolutamente la difusión de propaganda institucional, sino lo que se busca es salvaguardar que no se influya, a través de esta en la contienda electoral”, sostuvo el magistrado De la Mata.

No obstante, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón mostró su rechazó a este argumento, pues recalcó que el modelo aprobado para la elección de personas juzgadoras consideró la participación de los tres Poderes de la Unión, pero exclusivamente para la etapa de postulación de candidaturas.

“Permitir que las personas servidoras públicas e instituciones promuevan el proceso judicial por completo, podría implicar la percepción de que están apoyando las candidaturas que postularon, cuando esto no fue previsto expresamente en este modelo de elección. Así, la prohibición busca evitar parcialidades y prevenir que la promoción del proceso provenga de los poderes públicos del Estado”, advirtió.

Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes, consideró que “no podemos interpretar una norma creada para evitar abusos, como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio…La Constitución, es cierto, exige imparcialidad, pero no un silencio absoluto. Exige legalidad, pero no exclusividad injustificada y exige, sobre todo, una democracia abierta, informada y participativa”.

Finalmente, la magistrada presidenta Mónica Soto, abrió su posicionamiento satirizando con lo siguiente: “Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie”.

Y es que en clara referencia a los votos en contra de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, la magistrada presidenta sostuvo que “pareciera que parte de una las propuestas que están presentándose hoy, estuviera posicionando esta visión”; además de que se dijo sorprendida y un poco contrariada por el acuerdo del INE, “en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa”.

Asimismo, la magistrada Mónica Soto, aseguró que “no le estamos dando la vuelta a la Constitución…¿Por qué no podría decir alguien, ve a votar, o habrá una elección el día 1º de junio, por primera vez vamos a elegir a quienes nos van a juzgar, busca dónde está tu casilla y ve a votar?

“Me parece que no es opción democrática hacer una campaña en contra de la participación ciudadana y de acudir a las urnas, a tu casilla a votar”, subrayó la magistrada.

Tras esta discusión, la Sala Superior concluyó que, indebidamente, el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana de la elección judicial,

Y dio luz verde para que los Poderes de la Unión y todos los servidores públicos puedan promover la elección judicial, “siempre que se respeten los principios de imparcialidad y neutralidad y no se promuevan a personas servidoras públicas, y menos aún, que beneficien o perjudiquen a alguna candidatura”.