“Tenemos experiencia en llegar al límite y cubrir la deuda”

La entrega de agua a Estados Unidos conforme al Tratado de 1944 podría agudizar el estrés hídrico que enfrentan diversas regiones del norte de México, particularmente en los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Alfonso Cortés Lara, especialista en gestión del agua e investigador del Colegio de la Frontera Norte, explicó que debido a la sequía prolongada que afecta tanto al suroeste de Estados Unidos como al norte de México, los niveles en las presas están en mínimos históricos.

“Estamos en un periodo de estrés, no hay suficiente agua. Las presas están a 12 o 13% y podrían bajar al 10 o 9 por ciento. Esto repercute en la disponibilidad para actividades productivas y para el consumo urbano”, señaló.

En entrevista con El Economista, detalló que el agua que se entrega a Estados Unidos proviene principalmente del río Conchos y otras cuencas como el San Rodrigo y San Miguel, que también abastecen a zonas urbanas como Ciudad Acuña y Piedras Negras y que su extracción podría generar conflictos por el recurso en dichas ciudades y en regiones agrícolas como Delicias, en Chihuahua, y el Bajo Río San Juan, en Tamaulipas.

Frente a un posible incumplimiento, recordó que el tratado permite compensar el déficit durante los primeros años del siguiente quinquenio, como ocurrió en los periodos 2002-2003 y en 2020. “Tenemos experiencia en llegar a la línea crítica y cubrir la deuda”, apuntó.

El investigador también alertó sobre posibles consecuencias en la economía regional. “Si se reduce el volumen disponible para riego, automáticamente se reduce la superficie agrícola y, por tanto, la oferta. En Tamaulipas, donde se cultiva sorgo, maíz y trigo para el mercado interno, podría haber escasez y eso se reflejaría en el precio o en un mayor ingreso de cosechas del exterior”, explicó.

María del Carmen Carmona, académica de la UNAM, enfatizó que el tratado establece que México debe entregar un volumen específico de agua en ciclos de cinco años. Sin embargo, la situación de sequía extrema que enfrenta el país ha complicado el cumplimiento de estas obligaciones.

Además, la experta en el tema, advirtió que este desafío no solo afecta la producción agrícola, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria de miles de campesinos y ganaderos en estados como Chihuahua y Tamaulipas.

Según la especialista, una preocupación del tratado es la insistencia de que las entregas de agua deben provenir únicamente de ciertas presas internacionales y no de embalses federales como La Boquilla u otras.

La académica destacó que “no hay flexibilidad en tomar agua de otras fuentes”, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta ante emergencias hídricas.

Esta rigidez puede resultar en un daño significativo a la producción agrícola, como ocurrió en 2020, cuando la decisión de desviar agua de la presa La Boquilla generó manifestaciones y disturbios violentos por parte de productores locales que sintieron que sus necesidades estaban siendo ignoradas.

La situación se complicó cuando los agricultores de Chihuahua, desesperados por la falta de agua para sus cultivos, se enfrentaron a las autoridades. Además, la falta de inversión en infraestructura adecuada para el almacenamiento y distribución de agua dificulta la gestión de este recurso en situaciones de escasez. Carmona enfatiza que “sin la infraestructura necesaria, incluso el agua que recibimos de Estados Unidos se pierde”, lo que pone en riesgo la capacidad de cumplir con el tratado y satisfacer las necesidades de los ciudadanos.