T-MEC requiere reforma y renegociación profunda: Comité Asesor Laboral de EU al USTR
El Comité Asesor Laboral para Negociaciones Comerciales y Política Comercial de Estados Unidos, que emitió su opinión al USTR, declaró que el acuerdo comercial no ha sido efectivo para detener la deslocalización de empresas hacia México; por lo tanto, considera esencial una reforma profunda para proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses.
El grupo de asesores laborales de alto nivel propuso a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) una serie de cambios que desean se impulsen en la próxima revisión del acuerdo.
Te puede interesar
-

Empresas
Piden 105 demócratas de la Cámara de Representantes a Trump renegociar el T-MEC

Empresas
General Motors, Tesla, Ford y Toyota instan a Estados Unidos a prolongar el T-MEC
El Comité Asesor Laboral se compone de representantes sindicales que la USTR selecciona y su función es asesorar oficialmente, aportando ideas y opiniones sobre políticas y negociaciones a esta instancia del gobierno americano.
Cabe señalar que la fecha límite para presentar comentarios ante la USTR ya expiró. En un documento presentado el 29 de octubre en nombre del comité y firmado por David McCall, presidente internacional de USW y del panel, el grupo destacó que el T-MEC representó “avances importantes” respecto al TLCAN.
Estos avances incluyen reglas de origen más estrictas, el compromiso de México de reformar su legislación laboral y un novedoso mecanismo de respuesta rápida para abordar violaciones laborales en las instalaciones del país.
No obstante, el grupo advierte que los efectos positivos de estos cambios han sido “limitados”, mientras que los “efectos perjudiciales del TLCAN siguen impactando a las comunidades norteamericanas”.
Es importante destacar que el panel está integrado por líderes de la AFL-CIO, el Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW), los Teamsters y los United Steelworkers, quienes aportaron comentarios comentarios a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre la revisión trilateral del T-MEC prevista para el próximo año.
Los especialistas concluyen que haciendo un análisis de los hechos, “el T-MEC necesita una reforma y renegociación drásticas”, afirma el comentario enviado al USTR.
Los representantes sindicales recalcaron que su principal preocupación es la relación comercial entre Estados Unidos y México y lamentan un creciente déficit comercial (que alcanzará los 156 mil millones de dólares en 2024, aumentando en 101 mil millones tras la entrada en vigor del T-MEC en 2020); una persistente brecha salarial; el aumento de la inversión extranjera directa estadounidense en la industria manufacturera mexicana; y el incremento de la inversión extranjera directa china en el país, entre otros problemas.
El grupo también denunció las graves deficiencias de México en la implementación de sus reformas laborales, identificadas en un informe reciente.
Te puede interesar
-

Empresas
EU viola carta paralela del T-MEC con aranceles automotrices
Los sindicatos de protección alineados “continúan representando a la mayoría de los trabajadores en México” y agregan que los trabajadores que buscan organizar sindicatos independientes enfrentando violencia, listas negras y otros tipos de represalias, al tiempo que señalan la falta de sanciones por parte de México a las empresas que violan las leyes laborales.
Por ello, afirmaron que México debe abordar estos problemas, incluyendo otorgar a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley “la autoridad y obligación claras de imponer multas a los empleadores que violan la legislación laboral mexicana”; investigar los casos de violencia o amenazas contra los trabajadores que apoyan a los sindicatos independientes; y garantizar “el financiamiento completo para sus instituciones de justicia laboral encargadas de hacer cumplir sus leyes laborales”, entre otras medidas.
Los asesores laborales propusieron una serie de cambios que desean ver en el Mecanismo de Revisión de Incidentes (MRI), entre ellos, plazos más cortos para los paneles; el establecimiento de una presunción refutable de que las instalaciones investigadas están “cubiertas” por el acuerdo; la admisión de quejas que abarquen varias instalaciones; y la consulta obligatoria con las partes interesadas sobre las medidas correctivas.
