Solidarity Center busca impugnar la terminación de programas globales de derechos laborales
Este martes el Centro de Solidaridad, la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil y los Institutos Americanos de Investigación (AIR), representados por Public Citizen Litigation Group, presentaron una demanda impugnándo la “terminación ilegal por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos de programas internacionales de derechos laborales autorizados por el Congreso”.
Las organizaciones americanas demandan la suspensión de la financiación por parte del Departamento de los programas administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB), entre los que también se encuentran proyectos que se desarrollaban en México y que hoy se dieron por concluidos formalmente.
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El Centro de Solidaridad, una organización laboral sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, vio cancelado el apoyo a sus 11 proyectos financiados por ILAB, por un total de casi 80 millones de dólares. Estos programas, implementados en más de 15 países, han apoyado a los trabajadores que se organizan para obtener mejores salarios, aplicar normas de seguridad y exigir responsabilidades a sus socios comerciales en virtud de acuerdos como el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
El Centro de Solidaridad detalló que “estos programas bipartidistas de larga trayectoria son la base de los esfuerzos de Estados Unidos para defender las normas laborales en el comercio internacional, combatir el trabajo infantil y forzoso, y proteger a ñ los trabajadores y empresas estadounidenses e internacionales de la competencia desleal”.
Asimismo, destacan que todos los programas promueven estándares laborales más sólidos y mejores condiciones laborales en todo el mundo, por ello, “son cruciales desde la perspectiva de los derechos humanos y necesarios para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses, así como los trabajadores de todo el mundo, no se vean perjudicados en el mercado global”, declaró Stephanie Garlock, asesora principal de Public Citizen.
Vale la pena destacar que el Congreso exigió al Departamento de Trabajo que financiara estos programas cruciales; por lo que han denunciado que el Secretario de Trabajo no tiene autoridad para negarse a hacerlo.
La cancelación de la mayor subvención de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil afectará a entre 40,000 y 50,000 niños en Uganda, Perú y Nepal, debido a la paralización del programa de sus socios para desarrollar municipios libres de trabajo infantil, en cooperación con los gobiernos nacionales.
“Este caso va más allá de la financiación: se trata de proteger a los trabajadores y hacer cumplir la ley”, declaró Shawna Bader-Blau, directora ejecutiva del Centro de Solidaridad.
