Sheinbaum presenta paquete de reformas en seguridad

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Se explicó que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia propuesta establece un marco normativo para coordinar y operar acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto mediante inteligencia. Según la funcionaria, esta iniciativa, reglamentaria del artículo 21 constitucional, contempla la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.

El sistema, dijo Godoy Ramos, estará bajo control del Ministerio Público y funcionará como un instrumento para anticiparse “a los generadores de violencia” mediante el uso legal y controlado de tecnologías, con garantías de protección a los derechos humanos y los datos personales.

Además, subrayó que cualquier intervención en comunicaciones deberá contar con autorización judicial previa, como lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló la propuesta de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituye a la normativa vigente desde 2009. Según dijo, la ley actual estaba rebasada, pues presentaba “mecanismos de coordinación demasiado rígidos” y se centraba más en los operadores que en el funcionamiento del sistema.

La nueva norma pretende establecer con claridad las competencias en los tres niveles de gobierno, fortalecer la coordinación interinstitucional, y otorgar base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad, permitiendo replicar su modelo en los estados mediante las mesas de paz. Asimismo, incluye la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, enfocada en formar mandos e investigadores con visión humanista, ética y profesional.

El tercer eje del paquete legislativo incluye reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a otros seis ordenamientos legales. Las modificaciones definen a esta institución como una fuerza permanente de seguridad pública, con estructura y grados equivalentes al Ejército y la Fuerza Aérea, pero con funciones específicas en el ámbito civil y siempre bajo el mando ministerial para la prevención e investigación de delitos.

Anticipando cuestionamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la constitucionalidad de que integrantes de la Guardia Nacional puedan solicitar licencia para contender por cargos públicos, recordando que esa disposición ya existía en la Constitución de 1917 y se encuentra en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos desde 1986. 

“Es una crítica ignorante”, dijo Sheinbaum Pardo, en referencia a algunos analistas que cuestionaron esta medida.