SHCP pretende entorpecer la revisión del T-MEC

Me queda claro que nadie en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se tomó la molestia, ni se la ha tomado, para entender cómo funciona el ecosistema de las plataformas digitales, ni en México ni en el mundo. Lo sostengo después de haber revisado varias veces la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) por la que se introduce una obligación para las plataformas digitales que operan en México que consiste en dar acceso permanente y en tiempo real a las autoridades fiscales, a la información sobre las operaciones de dichas plataformas y peor, que aquéllas que no cumplan con otorgar dicho acceso serán sancionadas con el bloqueo temporal del acceso a los servicios de dicha plataforma.

Es una propuesta de adición al CFF que forma parte del Paquete Económico 2026 que el titular de la SHCP, Édgar Amador, entregó al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, y que él mismo trató de explicar, de manera infructuosa, en la conferencia mañanera del 10 de septiembre. Es una medida intrusiva, como señalé en esa ocasión, que además generará mucho más distorsiones y riesgos para la privacidad de cada uno de los usuarios en México de servicios de plataformas digitales, así como para la operación de éstas, frente a los supuestos beneficios en materia de información que estaría persiguiendo SHCP.

Ahora bien, la pura amenaza de bloqueos al acceso a plataformas digitales, es una medida inaceptable que terminará por perjudicar más a los usuarios mexicanos, y que muy pronto alentará comportamientos de elusión entre éstos, como es el uso de redes privadas virtuales (VPN), tal como ha ocurrido en Venezuela cuando Maduro ha intentado bloquear el acceso a X, por ejemplo. ¿En serio el gobierno de México cree que tiene los recursos económicos y tecnológicos suficientes para convertirse en el vigilante permanente de las grandes plataformas digitales que se estima destinarán en conjunto más de 400 mil millones de dólares en inversiones tan solo en 2026, de los que destinarían alrededor de cerca de 160 mil millones de dólares al rubro de Inteligencia Artificial?

Por otro lado, además de la falta de atención al interior de la SHCP, se puede concluir que no hay comunicación efectiva al interior del gabinete de la presidenta Sheinbaum, porque quiero suponer que en la Secretaría de Economía debe haber inquietud por esta disposición intrusiva sobre las plataformas y el muy anticipado rechazo que más pronto que tarde hará saber la Administración Trump al gobierno de México, sobre todo porque un eje central de la agenda del gobierno de EUA es que no van a permitir que otros países les impongan medidas tributarias o regulaciones adicionales a las grandes tecnológicas americanas.

La nueva disposición en el CFF que analizarán esta semana en la Cámara de Diputados, justo se inscribe en el tipo de medidas que Trump anunció el 25 de agosto, mediante una publicación en Truth Social, que no solo rechaza, sino que como advirtió, lo obligarán a adoptar medidas contra los países que las adopten: “Pongo sobre aviso a todos los países que tengan impuestos digitales, leyes, reglas o regulaciones de ese tipo, que a menos que eliminen esas medidas discriminatorias, yo, como Presidente de los Estados Unidos, impondré aranceles adicionales considerables a las exportaciones de ese país hacia EE.UU. …”.

Si en la Secretaría de Economía no se han dado cuenta del riesgo que la medida impulsada por SHCP representa de cara a las conversaciones con la USTR sobre la revisión del TMEC, significa que estamos frente a una estrategia y postura de negociación con EU con notables puntos vulnerables, lo que pone en riesgo el logro de los objetivos que se hayan planteado. No hay que olvidar que hace una semana su titular, Jamieson Greer, ya advirtió que México está incumpliendo sus compromisos en varios rubros, lo que anticipa poca tolerancia.

Ahora, dejando de lado la agenda de intereses de EU, los diputados deberían rechazar en sí misma dicha disposición simplemente por la excesiva e injustificada intromisión del estado mexicano en la operación de las plataformas digitales y el obstáculo que representará para el sano desarrollo de éstas en México, para la innovación y para los derechos de acceso a Internet de los mexicanos.