Senadores avalan impuestos a videojuegos “violentos” y bebidas “light”, así como mayores facultades contra factureras
El Senado de la República aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la Miscelánea Fiscal para el 2026, la cual contempla el aumento de las cuotas que se cobran a tabacos y refrescos, además de gravar videojuegos catalogados como “violentos”, bebidas “light” y “cero”, darle más facultades al fisco para combatir a las llamadas factureras, y aumentar tarifas migratorias y de museos.
Los dictámenes fueron avalados en una discusión que empezó alrededor de las 3:00 de la tarde del martes, y no se les modificó absolutamente nada.
Los y las senadoras aprobaron los tres dictámenes que conforman la Miscelánea Fiscal para el 2026. En el caso del Código Fiscal de la Federación (CFF), este fue aprobado con 76 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, mientras que la Ley Federal de Derechos fue avalada con 74 votos a favor, 37 en contra y una abstención.
En el caso de las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), obtuvieron 76 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
Las reformas aprobadas son parte del Paquete Económico 2026. El Senado de la República aún tiene pendiente la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, la cual debe ser aprobada antes de que termine el 31 de octubre próximo. La cita para la discusión de esta ley será este miércoles a las 10:00 de la mañana.
Con las modificaciones aprobadas, en la LIF 2026 se proponen ingresos por poco más de 10.1 billones de pesos, de los cuales 1.75 billones provendrán de deuda interna, y 15,500 millones de dólares de crédito externo.
En tanto, el gobierno espera una recaudación tributaria histórica de 5.8 billones de pesos, un crecimiento de 6.5% en comparación con lo aprobado para este año. Del lado petrolero, se esperan 1.2 billones de pesos, 1.9% más anual, mientras que los organismos y empresas del estado dejarán al erario 1.2 billones de pesos, 1.2% más.
Más facultades y “ley espía”
Respecto a las modificaciones que se aprobaron en el CFF están que el fisco pueda negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa, además de que ahora podrá solicitar información a las plataformas digitales, en tiempo real, sobre los usuarios.
“Lo que en apariencia se presenta como un mecanismo para fortalecer la recaudación, en realidad abre la puerta a la vigilancia sin límites, a la censura administrativa y a una inseguridad digital que amenaza a millones de personas usuarias”, señaló Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano.
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En este sentido, la priísta Claudia Edit Anaya acusó que el dictamen del CFF era inconstitucional, por lo que pidió una moción de suspensión para regresarlo y analizarlo debidamente.
Su compañera de bancada, Cristina Ruíz Sandoval, se mofó de que estas propuestas fueran parte de una “fiscalización moderna”, y aseguró que esto no era eficiencia, sino espionaje.
“Quieren un SAT con ojos en todos lados, menos en donde están los verdaderos delincuentes”, aseveró.
En tanto, la panista Imelda San Miguel Sánchez catalogó como “excesivas” las facultades que se le conceden al fisco, y todo para poder espiar a todo mexicano y mexicana en una ley que señaló como “ley espía”.
“Sin transparencia”
Durante la discusión en lo particular de la Ley Federal de Derechos, la panista Mayuli Latifa Martínez criticó que no haya transparencia en los recursos que se obtienen por el pago de derechos en cuestiones migratorias.
Recordó que en el 2024, el Derecho de No Residente era de 717 pesos, el cual pasó a 860 pesos para este año, y para el siguiente será de 983 pesos; sin embargo, esos recursos no van a parar a la promoción turística.
“No hay manera de saber para qué se aplican”, aseveró.
“No son un capricho”
Durante la presentación de los dictámenes, el senador Rafael Huerta, de Morena, aseguró que las actualizaciones en el IEPS “no son caprichos”, sino recomendaciones internacionales.
“Cada peso que entre en IEPS debe regresar al pueblo en atención y bienestar”, aseguró.
Sin embargo, varios senadores y senadoras apuntaron que pese a que se dice que los recursos se irán a salud, el gobierno no etiqueta los recursos a programas relacionados con las enfermedades que el consumo de tabaco y/o bebidas azucaradas generan.
Posteriormente, los senadores de la oposición señalaron que estos gravámenes “se disfrazan” de impuestos saludables; sin embargo, sólo exponen la necesidad que tienen de recaudar más.
“El verdadero objetivo de esta medida (IEPS a videojuegos violentos) no es reducir la violencia, sino recaudar más recursos. Lo que sí revela esta propuesta es el mal estado de las finanzas públicas. Cuando un gobierno busca imponer impuestos a productos de entretenimiento con el argumento de cuidar la seguridad, lo que está reconociendo es su incapacidad para sostener un presupuesto responsable”, aseveró Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano.
Ana.martinez@eleconomista.mx
