Senado aprueba inspecciones enfocadas en brecha salarial de género

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El dictamen avalado busca promover la igualdad salarial como “derecho fundamental” para garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar trabajos de igual valor.

“La igualdad salarial no puede depender de la voluntad individual de las empresas. Debe ser garantizada por el estado a través de mecanismos eficaces de supervisión y sanción”, dijo la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Aunque en el marco constitucional e internacional se reconoce la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, la realidad demuestra que este derecho no siempre ha sido respetado”, enfatizó.

El proyecto modifica el artículo 86 de la LFT que habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres, adicionando un segundo párrafo donde se establece el deber de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de autoridades estatales y federales para realizar inspecciones en los centros de trabajo enfocadas en cerrar la brecha salarial.

En estas inspecciones se verificará que el cumplimiento de la igualdad salarial, atendiendo el principio de que a trabajo de igual valor debe corresponder una remuneración igual, en línea con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Las inspecciones laborales son “clave en la identificación de posibles casos de discriminación salarial basada en el género”, expusieron las Comisiones promoventes del dictamen, que detallaron, en caso de detectar irregularidades, la autoridad competente puede requerir a las empresas ratificar la situación y garantizar la igualdad salarial.

En ese sentido, destacan que las inspecciones tienen carácter correctivo y preventivo, por lo que su implementación en reducción de brecha salarial permite que los centros de trabajo sean inspeccionados y disuadidos de incurrir prácticas discriminatorias, además de fortalecer la transparencia en políticas salariales.

La reforma a la LFT radica en que, a decir de los senadores, es “necesario precisar la terminología utilizada” para establecer con mayor claridad las competencias de la autoridad para verificar que las personas trabajadoras en México reciban la misma remuneración por realizar trabajos de igual valor.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al recibir menos ingresos por salarios, las mujeres mexicanas también tienen pensiones inferiores a las de los hombres hasta en un 20%, lo cual incrementa su vulnerabilidad económica en la vejez. En esa línea, agrega que reducir las desigualdades podría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) hasta en un 25 por ciento.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que las mujeres representan el 53% de la población con educación superior, pero su ingreso es inferior al de sus pares, aunado a que el 60% trabaja en la informalidad y, de las que laboran en la formalidad, aquellas en sectores como tecnología y finanzas ganan hasta 40% menos que sus contrapartes masculinas.

Inspecciones se alinearán a estándar internacional

“La igualdad salarial es un objetivo fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria”, resalta el dictamen que añade, este se alinea a los diversos instrumentos internacionales que ha ratificado el país, como el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de igualdad de remuneración.

En esa línea también está la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificada por México en 1981, que encomienda al país tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas, incluido el trabajo.

Asimismo, la meta número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se ha sumado México, busca alcanzar “la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y para ello se deben eliminar todas las formas de discriminación y violencia de género.

La nueva modificación a la LFT busca eliminar estas desigualdades, sumándose a las reformas en la materia ya publicadas el 16 de diciembre de 2024 en el DOF, y alineándose al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la ONU.

“Cerrar la brecha salarial por razones de género no solo tiene un impacto positivo en la vida de las trabajadoras de manera individual, sino que también representa una estrategia fundamental para la reducción de la pobreza a nivel nacional”, se lee en el dictamen de las Comisiones unidas que impulsaron la reforma.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión, y una vez que se apruebe pasará al Ejecutivo para su promulgación en el DOF; entrará en vigor al día siguiente de la publicación y las autoridades laborales -federales y estatales-, contarán con 30 días hábiles para ajustar sus programas de inspección en línea con los nuevos lineamientos de la reforma.