Senado aprueba con cambios la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Este sábado, el Pleno del Senado de la República aprobó, con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen que propone expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El proyecto plantea una reestructura profunda en el marco institucional, regulatorio y operativo del sector, como parte de las reformas de simplificación orgánica.
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A nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, el senador Javier Corral Jurado expresó su respaldo a la iniciativa y aseguró que se trata de una norma “más sólida, más clara, más justa y más incluyente”.
Desde tribuna, el legislador de Morena afirmó que esta reforma marca un cambio de visión al dejar atrás el modelo que históricamente favoreció a grandes consorcios concesionarios, para abrir paso a un enfoque social que impulsa a medios sin fines de lucro, como los comunitarios, indígenas y afromexicanos, con mayor viabilidad financiera y regulatoria.
En la parte de los posicionamientos, la senadora María Guadalupe Chavira De La Rosa de Morena, sostuvo que la reforma permitirá enfrentar los desafíos de la era digital y avanzar hacia una modernización nacional que garantice el acceso equitativo a los servicios de comunicación.
Desde el PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés cuestionó duramente el dictamen y señaló que su publicación fue abrupta, sin permitir una revisión adecuada.
Aunque reconoció que algunos errores señalados por su partido fueron corregidos, advirtió que persisten dos riesgos graves: el acceso a la geolocalización sin orden judicial y el aumento de causales para suspender transmisiones.
Acusó que estas disposiciones abren la puerta a mecanismos de censura y autoritarismo. Reclamó que la exigencia del PAN de que la geolocalización requiriera una orden judicial no fue incorporada, por lo que anticipó que su grupo parlamentario votará en contra de la propuesta.
Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños también se manifestó en contra del dictamen. Afirmó que esta ley abre la puerta a una estructura de control y vigilancia, haciendo referencia a la posible integración de un Padrón de Usuarios de Telefonía Celular, el cual, recordó, ya había sido declarado inconstitucional.
Denominó la propuesta como el “Big Brother del Bienestar” al considerar que legaliza la censura, simula competencia y violenta la Constitución.
Añorve cuestionó la creación de la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones, a la que calificó como un órgano subordinado a la Agencia de Transformación Digital, es decir, al Ejecutivo federal.
Por último, advirtió que el nuevo marco permitiría al gobierno silenciar contenidos opositores y eliminar la libertad de expresión, por lo que reiteró el voto en contra de su bancada.
Transformación institucional y nuevo marco regulador
Entre los cambios más relevantes está la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva Secretaría de Estado. Esta agencia asumirá las funciones de regulación, supervisión y formulación de políticas públicas del sector, con el objetivo de simplificar procesos y fortalecer la coordinación interinstitucional.
Además, se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica y operativa, encargada de dictar resoluciones regulatorias. Su Pleno estará integrado por cinco personas comisionadas.
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Servicios públicos de interés general
La ley reconoce a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general y pilares para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la información y la libertad de expresión.
También establece un enfoque multicultural y de derechos humanos, fortaleciendo a los medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos.
Espectro, concesiones y cobertura
El dictamen define nuevos mecanismos para la asignación y uso del espectro radioeléctrico, incluyendo esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas, redes inteligentes y plataformas de gran altitud.
Las concesiones de uso público y social se otorgarán mediante asignación directa y estarán exentas del pago de contribuciones.
Para promover la cobertura social, se contemplan descuentos fiscales para concesionarios que brinden servicios en zonas de difícil acceso.
Los pequeños operadores también podrán beneficiarse de exenciones o reducciones en sus pagos, conforme a las disposiciones que emita la nueva Comisión Reguladora.
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Derechos de las audiencias y no discriminación
Se refuerzan los mecanismos de protección de las audiencias, estableciendo que cada concesionario deberá contar con su defensor. Se elimina la posibilidad de bloquear plataformas, como originalmente se preveía en el artículo 109 de la iniciativa, y se suprime el esquema de propaganda extranjera, permitiendo únicamente contenidos culturales, deportivos y turísticos.
Asimismo, se integran medidas para asegurar el acceso sin discriminación de personas con discapacidad, y se promueven lineamientos editoriales que garanticen la independencia de los medios públicos.
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Cierre de la brecha digital
El Estado contará con tres mecanismos para contribuir al cierre de la brecha digital, entre ellos la participación activa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su empresa pública dedicada a la provisión de internet y telecomunicaciones.
La propuesta legislativa establece una nueva arquitectura institucional y operativa que busca consolidar un modelo más eficiente, inclusivo y adaptado a las necesidades digitales del país.
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