Seguridad, tarea también en lo local: México Evalúa
La seguridad pública no debe concebirse como una prerrogativa exclusiva del gobierno federal ni como un producto automático del uso intensivo de la fuerza, concluyó la organización civil México Evalúa.
“A contracorriente de la centralización de la seguridad pública, este reporte identifica claros indicios a favor del protagonismo de los gobiernos municipales en la construcción de espacios libres de violencia delictiva. Las evidencias comparadas muestran que la reducción de delitos de alto impacto es posible en contextos en donde los gobiernos locales combinan estrategias penales y no penales con niveles básicos de capacidad institucional, coordinación intergubernamental y conocimiento del territorio”, cita el informe “La otra vía. Análisis de políticas municipales de seguridad pública, 2021-2024”.
Los casos documentados, refiere, muestran que los municipios pueden diseñar intervenciones potencialmente efectivas, ajustadas a las dinámicas territoriales y capaces de incidir en las condiciones que propician el delito.
Así como que resulta incontrovertible que la prevención penal o no penal del delito no es condición suficiente para la reducción del crimen porque “lo que marca la diferencia es la manera en que la cantidad y calidad de los recursos disponibles se traducen en políticas robustas, formuladas desde un diagnóstico territorial preciso y ejecutadas en contextos que favorecen la corresponsabilidad ciudadana y la legitimidad del Estado local”.
“Este estudio no agota el análisis de la seguridad municipal, pero busca contribuir a un cambio de paradigma en el que se viene insistiendo al menos desde hace dos décadas: pasar de una visión reactiva y centralizada a una política pública anclada en el territorio, capaz de reconocer la diversidad de contextos y de fortalecer las capacidades locales para prevenir el delito. Apostar por una seguridad con rostro municipal no es solo una opción técnica viable, sino una necesidad política frente al agotamiento del modelo punitivo y la urgencia de reconstruir vínculos de confianza entre instituciones y ciudadanía”, precisa.
Un análisis territorial, empírico y comparado de la seguridad pública municipal es viable y necesario, recomienda como política pública.
A nivel federal, estatal y municipal sugiere, respectivamente y entre otros aspectos, revertir el proceso de centralización de la seguridad pública, redefiniendo la participación federal, limitando el despliegue de Fuerzas Armadas a zonas con alta conflictividad, y garantizando el respeto a la autonomía municipal en tareas de proximidad; fortalecer la gobernanza intermunicipal de la seguridad mediante la institucionalización de mesas de coordinación local en las capitales estatales, integradas por autoridades municipales, fiscalías, policías estatales y organizaciones de la sociedad civil; y adoptar un enfoque integral y contextualizado de seguridad ciudadana para superar el paradigma exclusivamente punitivo, incorporando estrategias de prevención situacional, social y comunitaria alineadas con diagnósticos locales.
Repuntes
De acuerdo con el reporte, que analiza políticas de seguridad en los 31 municipios capitales del país —no incluye la Ciudad de México—, en el periodo de estudio la violencia delictiva se redujo, en estricto orden, en 13: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Tlaxcala; Guadalajara, Jalisco; Saltillo, Coahuila; Colima; Morelia, Michoacán; Pachuca, Hidalgo; Durango; La Paz, Baja California Sur; Othón P. Blanco, Quintana Roo; Xalapa, Veracruz; Cuernavaca, Morelos y Toluca, Estado de México.
Y aumentó en 18: Oaxaca; Monterrey, Nuevo León; Puebla; Querétaro; Mexicali, Baja California; Zacatecas; Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Aguascalientes; San Luis Potosí; Chihuahua; Campeche; Hermosillo, Sonora; Chilpancingo, Guerrero; Tepic, Nayarit; Centro, Tabasco; Mérida, Yucatán, y Victoria, Tamaulipas.
Con respecto al homicidio doloso, que continúa siendo el principal indicador utilizado por el Estado para evaluar su política de seguridad, indica el reporte, 11 municipios superaron la tasa nacional (18.6 homicidios por cada 100,000 habitantes): Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Colima y Zacatecas, entre los más altos.
En narcomenudeo, 18 municipios superaron la tasa nacional (48), destacando La Paz, Xalapa, Querétaro, Chihuahua y Colima; Centro, Tabasco, registró el mayor aumento.
El secuestro, que además de su dimensión económica se ha utilizado como herramienta para eliminar competidores sin generar visibilidad como homicidio, consigna, 11 municipios superaron la tasa nacional (0.40 por cada 100,000), entre éstos Zacatecas, Tlaxcala, Morelia, Toluca y Colima; en Centro, Tabasco, que encabeza la lista de los cinco municipios con mayor incremento, aumentó 496.8 por ciento.
Finalmente, detalla que el delito de extorsión, “una fuente creciente de financiamiento para grupos criminales’’, con el que es posible identificar el cobro de piso, cobro de paso o la extorsión telefónica, que afecta a empresas de diversos sectores y se ha extendido territorialmente con rapidez, registró un incrementó notable en 18 municipios; Guanajuato ocupa el primer lugar con 481.8% más que la tasa nacional (9 extorsiones por cada 100,000 habitantes).
