¿Seguridad digital o vigilancia encubierta?
La aprobación del paquete económico 2026 confirmó la adición del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que obligará a los proveedores de servicios digitales permitir acceso irrestricto, permanente y en tiempo real al Sistema de Administración Tributaria a sus bases de datos.
Aunque el gobierno asegura que la medida busca únicamente verificar obligaciones fiscales, más de una docena de organizaciones han advertido que podría convertirse en un mecanismo de vigilancia sin precedentes. Y se han quejado abiertamente del doble discurso de las autoridades morenistas.
El SAT ha reiterado que esta nueva regulación estará enfocada solamente en la información fiscal de las plataformas, en materia de IVA, con el objeto de hacer más eficiente la recaudación y cerrar espacios de evasión fiscal.
“En ningún momento, se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas, como se quiere hacer creer”, han externado.
A pesar de estos posicionamientos públicos, funcionarios hacendarios revelaron un objetivo mucho más amplio: obtener visibilidad completa de las transacciones digitales de todos los usuarios —desde compras en línea y viajes hasta el uso de aplicaciones de transporte o citas— y cruzar esa información en tiempo real con otras bases de datos gubernamentales. Con esta arquitectura, el gobierno podría rastrear hábitos de consumo, movilidad, relaciones personales y prácticamente cualquier patrón de actividad digital.
La presencia en esa misma reunión —ocurrida el pasado 12 de noviembre— de directivos de la Agencia para la Transformación Digital también generó suspicacias, pero además de que el nuevo organismo carece de facultades fiscales, se consideró que su injerencia confirma la construcción de un esquema que permitirá el acceso a datos sensibles sin controles, límites ni garantías claras.
El artículo entrará en vigor en 2026, pero aún no se cuenta con lineamientos oficiales ni reglas transparentes sobre su implementación. En un contexto donde la capacidad técnica permitiría la vigilancia continua de millones de personas, la opacidad debería alarmar a cualquiera que valore la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de la economía digital.
La amplitud potencial de acceso estatal a sistemas digitales privados —incluyendo empresas con operaciones transfronterizas— seguramente será uno de los temas sensibles durante la próxima revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, donde la protección de datos, la certidumbre regulatoria y la no intervención en operaciones tecnológicas serán puntos clave de discusión.
Efectos secundarios
ECOSISTEMA. En México actualmente operan 36 sociedades financieras populares y de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atienden a más de 25 millones de usuarios. Recientemente estas sociedades financieras mostraron sus resultados trimestrales como Libertad Financiera a cargo de Silvia Lavalle quienes reportaron que alcanzó un crecimiento de 7.4% con una cartera total de 8,400 millones de pesos. En el indicador de captación, alcanzó los casi 10,000 millones de pesos, con un índice de capitalización superior al 138%, rubro superior al que solicita el regulador.
APERTURA. La planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande de México está en Toluca y su expansión ha sido posible con la inversión de 2,626 millones de pesos. Ayer, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, inauguró la ampliación que eleva la inversión histórica total acumulada en PetStar a 5,186 millones de pesos. Gracias a esta expansión, la capacidad anual de reciclaje pasará de 50,000 a 86,000 toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, como resultado de procesar más de 123,000 toneladas de PET al año, equivalentes a 5,500 millones de botellas que serán reincorporadas a la cadena de valor de los embotelladores de Coca-Cola accionistas de PetStar.
alberto.aguirre@eleconomista.mx
