Sector construcción perdería transparencia y competitividad con reforma a la Ley de Obra

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De acuerdo con María Teresa Paillés, socia del despacho Pérez-Llorca en el Área Inmobiliaria, explicó que esto abre la posibilidad de que dichas entidades de gobierno lleven a cabo sus obras por medio de asignaciones directas.

“Siempre se habla de transparencia de obra pública, ya que se hacen a base de recursos de los mexicanos, pero la nueva ley da paso a que las entidades públicas, empezando por Pemex y CFE, tengan autorización de desarrollar sus proyectos directamente”, comentó Paillés en entrevista.

Para Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, el dictamen aprobado por los legisladores legítima lo ocurrido en la industria de la construcción desde el sexenio pasado, cuando el Ejército tomó en su poder el desarrollo de obras insignia como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

Riesgo de sobrecostos

Más allá de un efecto en la producción del sector de la construcción, Forecastim ve en la reforma a la Ley de Obras una afectación en la transparencia y un riesgo de aumento en sobrecostos.

Trejo remarcó que la iniciativa autoriza que, cuando los sobrecostos sean de hasta 49%, no será necesario transparentarlos, lo que tendrá consecuencias en la eficiencia del erario.

“Los proyectos serán designados por el gobierno a quién guste y mande, es decir, la relación público-privada dependerá del ánimo y la voluntad de la administración. Esto afecta la competencia y podría derivar en obras más costosas”, dijo el especialista de Forecastim.

Falta a los tratados de comercio

Paillés indicó que dañar la competitividad y limitar la participación de la iniciativa privada en obra pública por medio de licitaciones va en contra de los tratados de libre comercio que México sostiene con otros países.

“Uno de los temas primordiales en estos acuerdos es la invitación de empresas extranjeras a las licitaciones públicas, lo que ayuda a obtener mejores costos de parte de firmas especializadas en construcción de carreteras, refinería, electricidad, etc. Pero eso se va a ver mermado”, declaró.

En este sentido, remarcó que se podrían solicitar evaluaciones al respecto en los procedimientos de revisión, como el que se llevará a cabo en el 2026 para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

“Las empresas que han venido a invertir desde otros países que se vean afectadas por la reforma van a buscar una manera para que las autoridades les brinden un beneficio o ver de qué manera se soluciona su participación en la construcción de obras públicas”, apuntó Paillés.