Revisión del T-MEC pone bajo la lupa las condiciones laborales en automotrices

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La revisión del T-MEC llegará antes de lo previsto y con una prioridad clara sobre la mesa: las condiciones laborales en la industria automotriz mexicana . Este componente se perfila como uno de los temas más sensibles del proceso. Y la presión no provendrá únicamente de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sino también de los sindicatos estadounidenses, que han convertido al tratado en una herramienta para impulsar transformaciones estructurales en el modelo laboral mexicano. Cuando el T-MEC sustituyó al TLCAN en 2020, no solo reconfiguró reglas comerciales. También trajo una transformación de fondo en la manera en que se abordan los derechos laborales. A través del capítulo 23, el tratado obliga a las tres partes a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Pero lo más innovador —y polémico— fue el Anexo 23-A, que impone compromisos específicos a México para garantizar que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes sindicales y votar democráticamente sus contratos colectivos. Este último anexo fue negociado bajo fuerte presión de Estados Unidos, con el objetivo de corregir una asimetría histórica: mientras las plantas mexicanas ofrecían bajos costos laborales y sindicatos “blancos” que pactaban sin consultar a los trabajadores, sus pares estadounidenses enfrentaban mayores exigencias sindicales y salariales. El nuevo esquema pretendía equilibrar el terreno de juego. Para lograrlo, se incluyó también un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite a Washington intervenir directamente en casos donde se sospeche la negación de derechos laborales en una empresa mexicana.

Desde entonces, este mecanismo ha sido activado más de 30 veces, y en su mayoría los casos han estado ligados al sector automotriz. “El 90% de las querellas que ha levantado Estados Unidos, específicamente el Departamento de Comercio (USTR), han sido del sector automotor. Entonces seguramente va a ser un tema fundamental a tratar en la revisión o negociación del tema”, explica Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz. La industria automotriz no es un objetivo aleatorio. Es el corazón exportador de México y una pieza estratégica del T-MEC. Las reglas de origen del tratado establecen que, para gozar de acceso preferencial, los vehículos deben tener entre un 40 y 45% de contenido producido por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. En la práctica, el resultado ha sido ambiguo. Si bien algunas elecciones sindicales se han realizado bajo nuevas reglas y ciertos contratos colectivos han sido renegociados, las brechas salariales persisten. “Estos temas los puso sobre la mesa en 2018 y 2019. Poco a poquito han avanzado, pero no se ha logrado. Lo que sí creo, que va a pasar ahora en esta renegociación del T-MEC, es que Estados Unidos va a insistir en cerrar la brecha salarial con México”, señala Eric Ramírez, director para América Latina y el Caribe de la consultora Urban Science. Y la brecha es profunda. Mientras en Estados Unidos el salario promedio en la industria automotriz ronda los 16 dólares por hora, en México sigue anclado cerca de los tres dólares. Esta diferencia ha alimentado el discurso proteccionista de sindicatos como el United Auto Workers (UAW) y de legisladores estadounidenses, que reclaman más acciones para impedir lo que consideran una “competencia desleal”. En este contexto, el capítulo laboral del T-MEC ya no es una cláusula más del acuerdo: se ha convertido en un instrumento político. La administración de Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, ha retomado el discurso de vigilancia laboral, no solo como defensa de los empleos estadounidenses, sino como un símbolo de soberanía económica. Y México, en medio del reacomodo, tendrá que jugar con extremo cuidado para no poner en riesgo su acceso al mercado más importante del mundo. Aunque no hay una fecha formalmente establecida por los gobiernos, actores del sector privado estiman que la revisión del T-MEC podría arrancar entre septiembre y octubre. “Veo que sí hay espacio para que el tema laboral sea preponderante, pero cómo se va a llevar, esa es la gran incógnita. Para mí lo que se está planteando es establecer condiciones de remuneración que se cumplan y las condiciones laborales esencialmente, es decir, que haya un piso parejo para los tres países”, advierte Willebaldo Gómez, doctor en economía y especialista en temas laborales. Las empresas temen que un endurecimiento de las cláusulas laborales o una expansión del Mecanismo de Respuesta Rápida a nuevas áreas —como las baterías o los vehículos eléctricos— pueda disuadir futuras inversiones o aumentar la presión sobre operaciones existentes. Al mismo tiempo, los defensores del nuevo modelo argumentan que una transición laboral justa podría fortalecer el tejido social y la productividad. México ha intentado ponerse al día. La reforma laboral aprobada en 2019 fue clave para desmontar el viejo modelo corporativo y abrir paso a elecciones sindicales más libres. Sin embargo, los casos recientes demuestran que aún hay resistencia en muchas plantas y que los cambios son lentos. Las denuncias que llegan a la USTR siguen mostrando esquemas de intimidación, firmas de contratos sin consulta y obstáculos al voto libre. Para el gobierno mexicano, el reto es doble: conservar la competitividad que ha hecho del país un nodo clave de manufactura regional, y al mismo tiempo cumplir con los compromisos laborales sin caer en simulaciones. Por lo pronto, los especialistas consultados coinciden en que el equilibrio no será sencillo, sobre todo si la revisión del T-MEC deriva en nuevas exigencias o en mecanismos automáticos de sanción.

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