Reformas al Compendio Nacional de Insumos para la Salud: Más votos, menos equidad y dudas sobre la exclusión

El 17 de abril de 2025, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó las reformas a las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Interinstitucional del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), un documento clave para definir qué medicamentos, equipos y materiales llegan a los hospitales públicos de México. Estas modificaciones, que incluyen cambios trascendentes y otros de forma, han generado preocupación por el rumbo que tomará la toma de decisiones en el sector salud, especialmente en un contexto de desabasto crónico y falta de transparencia.

El cambio más significativo es el aumento de vocales con voto en la Comisión, que pasa de 8 a 13 integrantes. Antes, las instituciones que atienden directamente a pacientes –IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, COFEPRIS y CCINSHAE– tenían un voto cada una, garantizando equidad en las decisiones sobre los insumos del Compendio. Ahora, la Secretaría de Salud concentra cinco votos (dos del Instituto de Salud Pública, COFEPRIS, Dirección General de Modernización y Unidad de Análisis Económico), y se suman la UNAM y el IPN, instituciones académicas sin experiencia directa en la evaluación de insumos ni en la atención masiva de pacientes.

Este desbalance preocupa, ya que seis de los 13 votos corresponden a entidades sin contexto asistencial, dejando en minoría a las instituciones que atienden a la mayoría de los mexicanos, como el IMSS e IMSS-Bienestar.

La Comisión se creó en 1974 para que las instituciones que brindan atención decidieran sobre los insumos, no para que fuera una extensión de la Secretaría de Salud. La inclusión de la UNAM y el IPN, que fueron retirados del Consejo de Salubridad General en la administración anterior, no les restituye su rol pleno, sino que los relega a un comité técnico sin claridad sobre su capacidad para evaluar insumos. La Secretaría de Salud, que no opera hospitales masivos, ahora domina la toma de decisiones, lo que podría considerarse un retroceso en el principio de representación interinstitucional.

Otro cambio relevante es la creación de un Grupo Técnico para la Exclusión de Insumos, separado de los Comités Técnicos Específicos que evalúan la inclusión. Aunque la exclusión siempre ha estado contemplada, ahora un solo grupo decidirá sobre todos los insumos, sin reglas claras ni criterios definidos, lo que abre la puerta a la discrecionalidad.

Por ejemplo, el reglamento señala que se excluirán insumos sin registro sanitario, como suplementos nutricionales o leche, pero no explica cómo se garantizará la objetividad. Es un vacío que puede prestarse a decisiones arbitrarias, especialmente cuando el Compendio incluye insumos esenciales para poblaciones vulnerables.

Las reformas también extienden a 80 días hábiles (antes 60) el plazo para evaluar y dictaminar insumos, lo que podría agravar los retrasos en un sistema ya saturado. Además, se elimina la obligación de que el secretario técnico notifique los resultados, permitiendo que cualquier funcionario lo haga, y se suprimen requisitos como la transparencia en la fecha de emisión de dictámenes. Sorprendentemente, el concepto mismo de “transparencia” fue derogado en el artículo 3, un movimiento que levanta sospechas en un sector donde la opacidad ha sido un lastre.

Entre los cambios positivos, destaca la autorización a distribuidores para solicitar actualizaciones al Compendio, antes restringida a titulares de registros sanitarios. También se simplifica el requisito de la carta de solicitud, que ahora solo debe firmar el director médico, aunque persiste la ambigüedad sobre qué define la “necesidad” de un insumo. Asimismo, se incorpora la definición de “tecnologías innovadoras” y se exige que las solicitudes detallen ventajas comparativas frente a guías clínicas, aunque éstas suelen estar desactualizadas, lo que complica la evaluación.

Estas reformas llegan en un momento crítico. La centralización del poder en la Secretaría de Salud y la falta de claridad en procesos clave, como la exclusión de insumos, podrían complicar las cosas en vez de fortalecer el abasto. El riesgo de discrecionalidad y la pérdida de equidad en la toma de decisiones encienden las alertas. La salud de México no puede permitirse más pasos en falso.

*El doctor César Alberto Cruz Santiago ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito de la salud pública. Tuvo una participación activa en el Consejo de Salubridad General (CSG) en diferentes roles, incluyendo el de secretario técnico de la Comisión de Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras (CAERSER), así como en la modernización de los procesos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), presentando la estrategia de digitalización. Es médico cirujano con especialidades en cirugía general, colon y recto, con posgrados en la UNAM y en la Universidad de Miami. Es reconocido por su trabajo de investigación en congresos de alta especialidad y publicaciones en revistas nacionales e internacionales.