Reforma fiscal en EU y el potencial impacto en el sector salud y la industria energética
Una propuesta presupuestaria presentada en el Senado estadounidense ha reavivado el debate sobre el tamaño del gasto público. Bajo la promesa de sanear las finanzas federales, el proyecto plantea recortes a programas sociales clave y una reducción significativa de incentivos fiscales.
Pese a que el proyecto aún debe ser discutido y reconciliado con la propuesta de la Cámara Baja, su contenido anticipa impactos relevantes en sectores como salud y energía, históricamente apoyados por el Estado.
El componente más sensible es la reconfiguración de Medicaid. Se plantea establecer requisitos laborales obligatorios para adultos sin dependientes, quienes deberán acreditar al menos 80 horas mensuales para conservar sus beneficios.
Esta medida, justificada como fomento a la autosuficiencia estatal, ha sido criticada por el riesgo de exclusión de poblaciones con acceso limitado al empleo formal.
Paralelamente, se prevé una reducción en el uso de los provider taxes, mecanismo clave de financiamiento estatal.
Estos impuestos permiten a hospitales y clínicas acceder a fondos federales mediante esquemas de cofinanciamiento.
La propuesta del Senado reduciría el tope del 6 al 3.5% en los estados que ampliaron Medicaid, y congelaría su expansión en los que no lo hicieron.
En la práctica, esto limitaría la capacidad de los gobiernos locales para sostener sus sistemas de salud sin aumentar impuestos, debilitando a hospitales rurales y clínicas comunitarias.
Las aseguradoras que operan Medicaid administrado, como Centene y Molina Healthcare, enfrentarían una menor base de afiliados y menores tarifas de reembolso, presionando sus márgenes. Aunque grandes grupos como UnitedHealth o CVS Health también participan en este segmento, su diversificación les permite mitigar parcialmente el impacto, limitándolo a divisiones específicas.
Por otro lado, se desecharon los recortes a Medicare incluidos en versiones anteriores, lo cual es positivo para compañías como UnitedHealth, cuya rentabilidad depende en gran parte del programa Medicare Advantage.
Sin embargo, los llamados dual eligibles —beneficiarios de ambos programas— podrían enfrentar mayores barreras si Medicaid se restringe, trasladando presiones adicionales a Medicare.
El borrador que actualmente revisa el Comité de Finanzas del Senado estadounidense tras su aprobación en la Cámara de Representantes el 22 de mayo propone además una eliminación escalonada de los subsidios fiscales a las energías limpias: los proyectos que inicien construcción en 2026 recibirían solo el 60% del crédito vigente, en 2027 bajaría a 20% y desaparecería totalmente en 2028.
A diferencia de la versión original de la Cámara, esta iniciativa senatorial mantiene la transferibilidad de créditos y conserva los beneficios para sistemas de almacenamiento con baterías, lo que atenúa parcialmente el impacto para algunos desarrolladores.
Sin embargo, el golpe para el segmento residencial es más severo. Al eliminar los incentivos tanto para consumidores como para arrendadoras, se compromete directamente el modelo de empresas como Sunrun, líder en financiamiento de techos solares para hogares, y Enphase Energy, que combina microinversores con baterías domésticas. Ambas enfrentan una reducción en la demanda esperada y mayores obstáculos para sostener márgenes positivos sin subsidios.
Tesla también se vería afectada: no solo perdería el crédito fiscal de US$7,500 para sus vehículos eléctricos, sino que enfrentaría presiones en su división de energía, particularmente en la línea de productos Powerwall, destinada al almacenamiento residencial.
First Solar, con proyectos a gran escala, y NextEra Energy, que opera bajo un modelo mixto de generación, han sido castigadas en Bolsa ante la posibilidad de recortes anticipados en sus flujos futuros.
Si el Senado aprueba el texto actual, el impacto sería estructural: se esperaría una aceleración de proyectos antes de 2028, seguida por una caída abrupta en inversión, empleos y competitividad frente a países como China, India o Alemania, que mantienen políticas activas de subsidios.
El sector solar estadounidense quedaría rezagado tecnológicamente y más expuesto a ciclos de capital volátiles.
En cambio, si la reforma se suaviza en el Senado o se estanca por falta de consenso, el mercado podría recuperar parte del terreno perdido.
Como el castigo bursátil ya fue descontado en gran medida, cualquier señal de continuidad en los apoyos fiscales reactivaría el apetito por estas compañías y podría estabilizar sus valoraciones.
En lo político, la propuesta requiere mayoría simple en el Senado. Aunque los republicanos tienen 52 escaños, no hay consenso interno: algunos exigen recortes más agresivos, mientras otros alertan sobre los riesgos en comunidades vulnerables.
El proyecto deberá ser conciliado con la Cámara Baja y probablemente sufrirá ajustes.
En suma, la reforma representa un punto de inflexión. Su implementación modificaría de forma estructural el entorno regulatorio y financiero de empresas ligadas a programas públicos o incentivos fiscales. Su desenlace definirá el rumbo de sectores clave de la economía estadounidense.
Pese a que el proyecto aún debe ser discutido y reconciliado con la propuesta de la Cámara Baja, su contenido anticipa impactos relevantes en sectores como salud y energía, históricamente apoyados por el Estado.