Reforma energética aperturista, el último clavo

Este 18 de marzo del año 2025, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, colocó el último clavo en el ataúd de la reforma energética promulgada en el 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Legalmente se nulifica la política energética de apertura a las inversiones privadas nacionales y extranjeras a la exploración y explotación petrolera, la generación eléctrica y el avance hacia un esquema de competencia.

Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado, como se denominaron bajo el breve tiempo en que estuvo en vigor la reforma energética, para volver a tener la condición de monopolios estatales, aunque no podrán ser consideradas como tales

Entre los cambios más notables que impactarán a las Empresas Públicas del Estado se encuentra la reforma al artículo 28 constitucional.

Con tal modificación, Pemex y CFE tienen preponderancia en la producción de petróleo, en la refinación y en la producción de electricidad.

“Esa es la esencia de la expropiación petrolera de 1938″, subrayó la mandataria mexicana.

México, pasa, en sólo 12 años, de un esquema energético neoliberal a un esquema energético estatista.

Se trata, en los hechos, de una contrarreforma energética.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó, durante la conmemoración del 87 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el decreto con el que se crean 8 leyes y se modifican 2 más para regir el sector energético mexicano.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se busca extinguir de manera permanente cualquier ordenamiento relacionado con la reforma energética del 2013.

Lo que venía ocurriendo de facto, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente se convirtió en ley.

La primera mandataria finalizó el proceso con el cual se sustenta legalmente el cambio a la Constitución que da preponderancia a las empresas energéticas del Estado: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ya no serán consideradas monopolios en sus respectivos mercados.

Aquella reforma que nadie, en el gobierno de ese tiempo, ni los empresarios de entonces y ahora, pensaron que iba a ser posible echar atrás, ya quedó sepultada.

La Jefa del Ejecutivo dijo que la promulgación de estas leyes secundarias están orientadas a la recuperación de Pemex y de la CFE.

Las leyes que se publicaron el mismo día, en la edición vespertina del Diario Oficial son: Ley de las Empresas Públicas Pemex y CFE; de los Sectores de Hidrocarburos y Electricidad; de Planeación y Transición Energética; de Biocombustibles; Geotermia, y la Ley de la Comisión Nacional de Energía, además de modificaciones a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La contrarreforma energética se registra en uno de los momentos de mayor dificultad financiera para Pemex y CFE. Ambas registran pérdidas notables.

Desde el gobierno se escucha el discurso de que se están rescatando y que se busca revertir la crisis en las que las dejaron los gobiernos neoliberales.

Como si el sexenio lopezobradorista no contara. Y claro que contó.

El sexenio pasado heredó al actual, a Pemex en una condición de quiebra técnica; la producción de crudo más baja en los últimos 46 años, con 1.485 millones de barriles diarios; una producción de gas natural de 4,573 millones de pies cúbicos, la más baja en 21 años; importación de casi el 60% del consumo; una deuda financiera de 97,632 millones de dólares y una deuda con proveedores de 506,153 millones de pesos.

El rescate de Pemex, representa un enorme reto para las finanzas públicas, sobre cuyas espaldas se proyecta la mayor parte de la inversión que se realice.

Los cambios a las leyes, tendrán que probar en los hechos, qué tan atractivos resultan para los inversionistas locales y foráneos.

México dió un viraje completo en su política energética, a pesar de las preocupaciones en la materia en EU.

Pero más allá de las potenciales repercusiones que pudiera tener la política energética del nuevo gobierno en la relación bilateral con EU, está por verse qué tan eficiente resulta para la operación de las empresas energéticas del Estado.

El destino de Pemex, podría comprometer el destino crediticio del gobierno mexicano. Ojalá que no.

Al tiempo.