Redadas migratorias en los Estados Unidos y la escasez de mano de obra ¿Cuál es la lógica?

Tres ideas:  

Primera: territorio no es población. En 1848 México perdió tierra, no personas; esa continuidad antecede a la política migratoria moderna y sostiene vínculos familiares y laborales a ambos lados.

Segunda: el mercado laboral y el derecho migratorio dialogan en tensión creativa pero implacable. El Congreso cierra una válvula —a chinos, japoneses, europeos— y la demanda se desplaza hacia los mexicanos; el Estado encauza por un programa y el mercado abre un atajo; se combina amnistía con sanción y el sistema se reajusta.

Tercera: la militarización fronteriza del siglo XXI tuvo un efecto no querido —desincentivar el retorno— y empujó el asentamiento familiar.

Con esa lente miremos el presente. Bajo la administración del presidente Trump, asistimos a un endurecimiento visible: redadas en centros de trabajo, deportaciones, restricciones a visados y una retórica de “cero tolerancia”. Y, a la vez, una economía que no es metáfora, sino cosecha, obra, cuidado y mesa servida: sectores dependientes de mano de obra inmigrante —agricultura, construcción, hospitalidad, cuidados— padecen escasez. Hoy, entre el 18% y el 20% de la fuerza laboral estadounidense es nacida en el extranjero; en agricultura, la participación de trabajadores mexicanos es decisiva; en construcción y servicios, la presencia inmigrante resulta estructural. ¿Cómo se concilia esa necesidad con la lógica de la redada?

La lógica es simple. Se aplican redadas como señal de cumplimiento; se usan programas temporales para sostener la producción; y el resultado es una fuerza laboral necesaria, pero con menos margen de negociación. No elimina la escasez; la gestiona. Traduzcamos esa idea en un mecanismo causal, sin adornos. Uno: existe una demanda estructural de trabajo inmigrante en sectores clave. Dos: el poder político teatraliza el control (redadas, “cero tolerancia”) para fijar expectativas regulatorias y capital político. Tres: simultáneamente se abren válvulas reguladas (como las visas temporales H-2A —para trabajadores agrícolas—, y la H-2B —para trabajos no agrícolas temporales o estacionales, como en la construcción, jardinería o la industria hotelera—), para cubrir picos de demanda sin alterar el equilibrio simbólico (en 2024, el volumen de H-2A se contó por cientos de miles y la tendencia 2025 se mantiene al alza). Cuatro: el resultado es vulnerabilidad administrada: estatus frágil, dependencia del empleador, menor poder de negociación.

Agreguemos entonces una prudencia metodológica. Algunas lecturas recientes de estadísticas laborales sugirieron una merma del peso inmigrante en 2025; otras, con ajustes de medición, disputaron esa caída. Para un jurista, lo central no es ganar una pelea de decimales, sino evitar el dogmatismo: reconocer que la economía estadounidense sigue demandando trabajo inmigrante a gran escala y que la política, en vez de resolver esa tensión, la administra con mayor o menor costo social.

Y las consecuencias se apilan. En las comunidades: familias quebradas, niñas y niños ciudadanos que ven irse a sus padres, miedo que erosiona la confianza en las instituciones. En los mercados: costos en alza, cosechas perdidas, obras ralentizadas. En el Estado de derecho: una tensión entre lo que la ley declama y lo que la economía exige. Para el jurista, el desafío es evaluar la consistencia normativa y la proporcionalidad de un sistema que, por un lado, refuerza la expulsión y, por otro, depende de la inclusión productiva.

¿Y México? La responsabilidad es doble: histórica —ayer los braceros— y presente —hoy jornaleros con H-2A, trabajadores de servicios, familias transfronterizas—. La diplomacia laboral debe superar la nota verbal y volverse política pública: defensa activa de derechos, inspecciones laborales coordinadas, orientación legal, traslado de derechos/beneficios cuando aplique y, dentro del país, políticas de desarrollo que bajen la expulsión por necesidad. A la par, la academia —nuestra siempre enhiesta Facultad, por ejemplo— tiene una tarea de exactitud: evitar mitos, cuidar el lenguaje, honrar los datos sin convertirlos en dogmas. Precisar rangos en las repatriaciones de los treinta; recordar que el bracero convivió con una corriente indocumentada robusta. Las cifras importan, pero más importa la historia que decidimos contar con ellas.

Atraer sin admitir, usar sin integrar, necesitar sin reconocer. Esa es la aritmética de las redadas en una economía que no puede prescindir de quienes dice no querer. ¿Qué aprende la política pública de dos siglos de ensayo? Que los diseños institucionales tienen efectos laterales poderosos. La exclusión de un grupo empuja la demanda hacia otro. La amnistía sin verificación perpetúa incentivos. La frontera más cara reduce la circularidad y fomenta el asentamiento. Y el péndulo económico sigue marcando el pulso: cuando el destino crece y el origen se frena, los flujos aumentan; cuando el destino cae o el origen envejece, los flujos se moderan.

El Derecho Internacional Público no es un telón de fondo técnico: es la caja de herramientas que siguen siendo eficaces para encauzar, con reglas y controles, los dilemas de migración y trabajo entre México y Estados Unidos. Nos da principios operativos y un mapa de obligaciones que vinculan a ambos Estados, incluso cuando cooperen o deleguen funciones. Los estándares de esta rama del Derecho no aconsejan: obligan. Y cuando obligan, orientan políticas públicas que pueden verificarse y corregirse.

En el trabajo transfronterizo, ese mismo derecho articula un triángulo útil: derechos humanos laborales (convenios OIT), reglas económicas con dientes (T-MEC y su Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida) y cooperación penal contra la trata y el reclutamiento abusivo. ¿La consecuencia? Programas de movilidad temporal, inspecciones en cadenas de suministro y acuerdos consulares deben evaluarse ex ante por su impacto en derechos, incorporar salvaguardas de no regresión y rendir cuentas con métricas públicas: casos atendidos, tiempos de respuesta, verificaciones en sitio y reparación efectiva. La coordinación entre niveles de gobierno a ambos lados de la frontera tiene que apoyarse en interoperabilidad de datos, defensorías con independencia, y verificación externa —académica y social— para pasar del discurso a la práctica. En síntesis: usar bien el Derecho Internacional Público convierte tensiones coyunturales en arreglos estables, medibles y compatibles con el Estado de derecho—exactamente lo que una relación México-Estados Unidos madura necesita.

Termino con una invitación: pensar la migración con cabeza jurídica, sensibilidad histórica y evidencia empírica. Detrás de cada ley, una cadena de causas y efectos; detrás de cada cifra, una familia; detrás de cada frontera, una historia que empezó antes del alambrado. Que nuestro oficio —enseñar, deliberar, aprender— esté a la altura: con precisión, con decoro y con el respeto a dignidad que merece toda vida en movimiento. Y con la memoria de un viejo bracero que aún trabaja en mi oído: “Nos decían ilegales, pero sin nosotros el campo quedaba vacío.” Que esa verdad sencilla temple el debate y nos obligue a llamar a las cosas por su nombre.