Ramírez Cuéllar: ley de competencia debe alinearse al T-MEC
El contexto de tensión en la relación comercial con Estados Unidos pone presión adicional para que la nueva legislación antimonopolios mexicana cumpla con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), admitió Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena.
El legislador presentó en febrero pasado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para dar cumplimiento a la reforma constitucional de diciembre del 2024, que decreta la reorganización de funciones de diversos órganos del Estado, así como su remplazo.
Entre ellos figura la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hoy órganos constitucionalmente autónomos que transferirán sus funciones a nuevas agencias del gobierno federal.
La iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar es paralela a otra presentada por el poder Ejecutivo a finales de abril.
Este lunes, el legislador dijo que ambos proyectos se tramiten en el período extraordinario de sesiones previsto para junio.
“Tenemos dos iniciativas, una presentada por el Ejecutivo federal y otra que fue sugerida por un servidor, que tienen grandes coincidencias, pero en estas mesas, en estas discusiones habrá que precisar los puntos de vista distintos para encontrar un solo camino de manera que en el mes de junio, cuando realizaremos el período extraordinario de sesiones, pudiéramos sacar una buena legislación”, dijo Ramírez Cuéllar en el evento “Propuesta de ley de Competencia Económica” celebrado en el Colegio de México.
En medio de la tensión por el endurecimiento de la política arancelaria de Estados Unidos, el legislador admitió que los cambios a la legislación deben alinearse al T-MEC, con el propósito de no crear más focos de conflicto.
Y puso como ejemplo el caso la supervisión de competencia y la regulación de las telecomunicaciones, en donde recordó que el T-MEC prohíbe que el Estado sea regulador y al mismo tiempo operador de servicios, pues eso constituye un conflicto de interés.
“Creo que el tema del organismo que regule asimétricamente el mercado de telecomunicaciones no debe tener conflicto de interés, no debe de realizar acciones de operación, no debe estar involucrado en una serie de mecanismos financieros ni prestar servicios tampoco porque entonces tendríamos un problema quizá de conflicto de interés y nos convertiríamos en juez y parte”, dijo.
El posible incumplimiento del T-MEC por parte de México en este tema ha sido puesto sobre la mesa por expertos, ya que la reforma constitucional de diciembre plantea que sea ahora una agencia del Ejecutivo la regule las telecomunicaciones (la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT).
Esto a pesar de que el Ejecutivo también controla empresas que compiten en el sector, como el operador de servicios mayorista Altan Redes o CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT).
“Y lo que dice el T-MEC en su artículo 21 (sobre competencia) y en su artículo 18 (sobre telecomunicaciones) creo que son mandatos judiciales que debemos de cumplir y frente a la catástrofe que vivimos no debemos dar pretexto para nada de alguna impugnación”, afirmó Ramírez Cuéllar, refiriéndose a la hostilidad arancelaria reciente mostrada por Washington.
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No sectorización
Para evitar incumplimientos la iniciativa de Ramírez Cuéllar propone que la agencia antimonopolios que remplace a la Cofece no esté sectorizada en ninguna entidad de la administración pública federal, de modo que no incurra en conflictos de interés.
“Yo creo que hay que darle fuerza (al nuevo organismo), de que no esté sectorizado en ninguna secretaría de Estado porque posiblemente esa secretaría de Estado tenga como papel fundamental atraer las inversiones sin reparar quizás con toda la fuerza, con toda la intensidad, en los temas de competencia y de lucha antimonopólica”, afirmó el legislador.
Tanto la iniciativa del morenista como la del Ejecutivo plantean dar más facultades de investigación al órgano antimonopolios, así como multas más severas a los infractores de la LFCE.
Por ejemplo, proponen ampliar de uno a tres años el período sobre el cual la agencia puede investigar concentraciones no notificables, así como subir las multas de 10% a 20% por la comisión de prácticas graves de colusión.
Sin embargo, analistas advierten que el cumplimiento de esos mandatos puede quedarse en letra muerta si al nuevo organismo no se le dota de personal y presupuesto suficientes.
“Si tú no tienes los recursos suficientes en la nueva autoridad, la probabilidad de capturar a los delincuentes va a ser mucho menor y de nada va a servir el incremento de las multas”, opinó Ignacio Navarro, excomisionado de la Cofece, quien fue comentarista de la presentación de Ramírez Cuéllar.
En ello coincidió Javier Núñez, también excomisionado de la Cofece y director del área de concentraciones en la antigua Comisión Federal de Competencia (CFC).
“Veo riesgos: una autoridad más fuerte y con mayor capacidad de escrutinio va a tener que lidiar en un entorno de recursos, probablemente limitados. Cuando yo tomé la dirección veníamos 250 expedientes al año y era una locura. Uno tiene que seleccionar a qué asunto le damos prioridad”, dijo al participar en la mesa.
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