¿Qué hacer con la Selva Lacandona?

Contener de manera eficaz el terrible proceso de destrucción de la Selva Lacandona (que he documentado en entregas anteriores) y rencauzarlo hacia la conservación y restauración del bosque tropical requeriría de decisiones y capacidades institucionales, humanas y políticas hoy inexistentes en México. Sin embargo, vale la pena enumerar algunas, como mensaje idealista – o ingenuo – que se arroja al mar dentro de una botella sellada. Tal vez, en el futuro, esto pueda comprometer a nuevas autoridades, sin que sea demasiado tarde.

De inicio, es preciso un decreto presidencial para establecer a la Región Lacandona como Zona Especial de Desarrollo, Conservación y Seguridad Nacional, incluyendo los municipios chiapanecos de Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Margaritas, Ocosingo, Maravilla Tenejapa, Independencia y Altamirano. Igualmente, crear una autoridad regional encargada de la coordinación política, de conservación y restauración, seguridad, política social, regularización agraria, educación, salud, vivienda, regulación de actividades agropecuarias, desarrollo del turismo, y servicios públicos, con los municipios de la Región Lacandona, y con el gobierno del Estado de Chiapas. Esto, a partir de un asertivo Programa de Ordenamiento Territorial, y evocando a las Comisiones de Cuenca antiguamente existentes en el Papaloapan, Grijalva y Balsas. Debe imponerse con firmeza una política de regularización en la propiedad de la tierra para resolver conflictos de tenencia, y desalojar con decisión y, cuando proceda, con compensaciones razonables, a invasores de las Áreas Naturales Protegidas, sobre todo de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules; haciendo valer decididamente el Código Penal Federal al respecto de deforestación como delito ambiental. Probablemente sea necesario expropiar zonas núcleo de las Áreas Naturales Protegidas, para revertirlas a propiedad pública, e introducir en ellas una eficaz fuerza de vigilancia. Debe establecerse una guarnición capacitada y permanente de la Guardia Nacional en la Región Lacandona con varios cientos (o algunos miles) de efectivos y estaciones y retenes de vigilancia en la periferia de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, otras Áreas Naturales Protegidas, y caminos y carreteras. Esta guarnición de la Guardia Nacional debe ser equipada con helicópteros, vehículos todo terreno, armas modernas, lanchas rápidas, y capacidades informáticas satelitales de percepción remota para supervisión continua de la región. Es indispensable impedir a toda costa nuevas invasiones, desmontes y asentamientos humanos, garantizar la presencia del Estado, imponer el estado de derecho, y combatir al crimen organizado, a grupos subversivos, y a actividades delictivas de deforestación, y tráfico de fauna silvestre y madera. La Guardia Nacional destacada en la región debe hacer un uso razonable de la fuerza legítima del Estado para proteger el interés público.

Es fundamental diseñar y publicar nuevos Programas de Manejo para las Áreas Naturales Protegidas, con una voluntad realista y ambiciosa de protección y restauración. Debe desecharse la política de resignación ante invasiones y ocupaciones, que asigna usos del suelo eufemísticos e inútiles de “aprovechamiento” en los propios Programas de Manejo. Por supuesto, hay que reclutar en la región y capacitar y entrenar un amplio equipo de guardaparques, vigilantes, técnicos, trabajadores sociales, y cuerpos directivos para las Áreas Naturales Protegidas, estrechamente coordinados con la Guardia Nacional. Es vital hacer fuertes inversiones en oficinas, instalaciones, vehículos, uniformes, armas de cargo, wifi satelital con Starlink, computadoras, y otros equipamientos. Algo esencial, es detener el pernicioso programa clientelar “Sembrando Vida”, transferirlo a Semarnat y convertirlo en un programa de gran alcance de Pagos por Servicios Ambientales para la restauración y conservación del bosque tropical, no sólo en las Áreas Naturales Protegidas (Montes Azules, Lacantún, Chankin, Yaxchilán), sino en toda la región. Se pagaría a propietarios legítimos una cantidad mensual atractiva, superior al costo de oportunidad del uso de la tierra, para conservar las selvas aún existentes y promover la sucesión ecológica o regeneración de acahuales y bosques secundarios, y la captura de carbono forestal. Para ello deben destinarse 10 mil millones de pesos de presupuesto anual, tomados de los 38 mil millones de programa “Sembrando Vida”. El resto (28,000 mdp) se aplicaría a las demás Áreas Naturales Protegidas del país – sabiendo que el presupuesto actual de la CONANP es ridículo, de apenas 1,000 mdp.

Es necesario distender las presiones demográficas a través de políticas de salud reproductiva, y becar a hijos de pobladores de la Región Lacandona para que lleven a cabo sus estudios en ciudades del estado, y se integren a la vida urbana. Igualmente deben llevarse a cabo extensos programas de educación ambiental en todas las escuelas y asentamientos humanos de la Región. Y, promoverse el turismo arqueológico y ecológico con empresas y empresarios locales conjuntamente con el INAH y la CONANP bajo la protección de la Guardia Nacional. Obvio, habrá que instalar estaciones de investigación científica y monitoreo en las Áreas Naturales Protegidas a cargo de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Sin algo parecido a todo esto, la Selva Lacandona será aniquilada total e irremediablemente en pocos lustros.