Preparando el terreno para la jornada laboral de 40 horas: Escenarios y claves de la reforma
La inminente reforma a la jornada laboral en México, que busca reducirla de 48 a 40 horas semanales, está generando un intenso debate y análisis en diversos sectores. Si bien se reconoce el impacto potencial en el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y la capacidad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para generar empleo formal, especialistas en el ámbito laboral vislumbran una serie de escenarios y estrategias para transitar hacia este nuevo esquema.
Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral, matiza las alarmas sobre un posible aumento de la informalidad. “Es difícil que con esta reforma la informalidad crezca de manera significativa, dado que ya tiene un tamaño monstruoso, superior al 53% según el Inegi”; en este sentido, estudios de su firma indican que no existe una correlación relevante entre la reducción de la jornada y un incremento sustancial en la informalidad.
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Además, Sales Boyoli subraya que gran parte de las empresas ya operan bajo la “semana inglesa” de 40 horas, trabajando 8 horas al día durante 5 días. Este grupo de empresas no se vería afectado directamente por la reforma.
Ante este panorama, se delinean varios escenarios y propuestas para mitigar los posibles efectos adversos y facilitar la transición entre ellos, incentivos fiscales y sectoriales para ciertos sectores industriales o regiones geográficas, con el fin de aliviar el impacto económico durante el periodo de transición. Esta medida buscaría equilibrar la carga para las empresas, especialmente para las Pymes, que son las mayores generadoras de empleo en México.
Uno más es la reducción del costo de horas extras, ya que México es el país de la OCDE con el pago de horas extras más alto (al doble o al triple), a diferencia de la mayoría de los países que las pagan de forma sencilla o a 1.3 veces el valor. “Se plantea la posibilidad de un rebalanceo en el costo de las horas extras como una ‘moneda de cambio’ para el sector empresarial, similar a lo logrado con los topes a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) durante la reforma del outsourcing.
Por otra parte, Óscar de la Vega Castillo, socio de la firma D&MAbogados, dijo que hay al menos 4 aspectos que deberá contener la propuesta de reforma para la implementación de las 40 horas semanales en México, éstas son: gradualidad en la implementación; flexibilidad en los esquemas de tiempo; sectorización de la reforma e incentivos fiscales para horas extraordinarias.
Respecto a la gradualidad en la implementación, comentó que se contempla una aplicación progresiva de la reducción de la jornada, “si bien la meta de 40 horas semanales se alcanzará como máximo para el año 2030, se proyecta que a partir de 2026 se comience con una primera reducción, posiblemente a 46 horas, y se continúe disminuyendo cada dos años hasta llegar a la jornada final. Esta gradualidad busca minimizar el impacto en las empresas y permitir una adaptación adecuada”.
Añadió que la flexibilidad se analiza como “tiempo por tiempo” o jornadas mensuales en lugar de semanales, ofreciendo así mayor adaptabilidad a las particularidades de cada sector e industria; finalmente, sectorización, ya que no puede ser uniforme se buscarán esquemas diferenciados que tomen en cuenta las particularidades de industrias como la manufacturera frente a las oficinas, por ejemplo, para asegurar una implementación efectiva y justa.
Además coincidió en que pueden darse Incentivos fiscales para que las horas extraordinarias resulten más beneficioso para los trabajadores, especialmente cuando superen los límites actuales de horas trabajadas.
Cabe recordar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está en análisis de todas las propuestas y conclusiones recabadas en los 6 foros. Se espera que para el 30 de julio se tenga un documento previo con los avances significativos de la propuesta.
Posteriormente, el 1 de septiembre, el Gobierno federal presentará su propuesta formal de reforma, la cual se prevé que sea de carácter prioritario para su aprobación.
