Premiar a delincuentes
La semana pasada el Director General del INFONAVIT sorpresivamente anunció un inverosímil programa que adoptaría el Instituto: legalizar aquellas viviendas del INFONAVIT que han sido ocupadas por invasores en favor de éstos últimos. ¿Cuál es la verdadera intención política de anunciar un despojo y atentado contra la propiedad privada? ¿Un paso más hacia un régimen formalmente autoritario? ¿Se quiere palpar la reacción a una medida de índole comunistoide?
Es inconcebible que se premie a un delincuente –porque el que invade predios ajenos eso es– haciéndolo propietario con la adquisición de ese inmueble a “precios accesibles”. Al legalizarse la invasión de casas del INFONAVIT, seguramente bandas del crimen organizado reclutarán a invasores para luego adueñarse a precios subsidiados de dichas viviendas.
La Secretaria de Gobernación trató de atenuar la intención al declarar que si una vivienda tiene una demanda legal en curso, ésta no se ofrecería a los invasores. Pero el daño ya estaba hecho. La amplia explicación de cómo funcionaría este programa que dio el agrónomo Romero Oropeza, sencillamente abonó a la incertidumbre jurídica y a pensar que sería el inicio, para después continuar con más despojos a la propiedad privada. Muchos legítimos dueños de viviendas del INFONAVIT que por alguna causa no las habitaron o no las rentaron legalmente, han sido víctimas de una invasión. Obviamente no es legal vender esa propiedad, pues el INFONAVIT no es el dueño de esas viviendas. El Director General del Instituto informó que son 843,000 viviendas problemáticas, de las cuales se sabe que 145,000 están habitadas ilegalmente. Señaló que lo que se persigue es proponerle una “solución atractiva al invasor para que se convierta en dueño”. El mundo al revés, en vez de buscar al legítimo dueño para regularizar su situación y proponerle un atractivo esquema de venta o renta.
El INFONAVIT tiene un gobierno tripartito y el Director General es nombrado por los tres sectores a quienes debe responder. Pero él se siente parte del gabinete y así su lealtad es hacia la presidenta, por lo que es poco probable que haya actuado por iniciativa propia. Lo grave de querer legalizar este acto delincuencial, es que la iniciativa provenga directamente del principal escritorio de Palacio Nacional.
Siete organismos del sector privado, incluidos la COPARMEX, el COMCE, la AMIB y la CONCAMIN, reaccionaron con un comunicado conjunto oponiéndose firmemente a esta propuesta. Es lo que se requiere, cerrar filas y mostrar unión para oponerse a que el gobierno viole sistemáticamente la ley y nos perfile hacia el autoritarismo. Pero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no suscribió el comunicado, fiel a su papel servil y aplaudidor del régimen. Aún más grave, es que es miembro de la Junta de Gobierno del INFONAVIT (la COPARMEX también lo es). Qué decepción que su dirigente haya traicionado los ideales que en 1976 llevaron a Juan Sánchez Navarro a fundar al CCE como un contrapeso al autoritarismo e intervencionismo de Echeverría.
En un contexto en que prevalece la incertidumbre por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial que iniciará en septiembre, esta violación jurídica que propone el Ejecutivo fractura aún más la certidumbre y confianza.
