¿Por qué la energía está otra vez en boca de todos antes del T-MEC? Pemex y CFE 'calientan' el debate

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La calma entre México y Estados Unidos en materia energética volvió a romperse. A ocho meses de la revisión del T-MEC, prevista para julio del próximo año, el sector energético se colocó nuevamente en el centro de las tensiones comerciales, tal como ocurrió en la renegociación del TLCAN que dio origen al propio acuerdo vigente. La controversia no es nueva. Ya en 2018, durante las discusiones que cerraron la era del TLCAN, los socios comerciales cuestionaron las políticas energéticas mexicanas, al considerar que favorecían a Pemex y a la CFE frente a los inversionistas privados. Hoy, el argumento regresa con más fuerza y con nuevos elementos políticos y regulatorios.

La disputa regresa en un contexto más complejo La reforma energética constitucional del año pasado reavivó las alertas. Con ella, México definió un papel preponderante para sus empresas estatales y fijó nuevos criterios de participación que, según grupos empresariales en Estados Unidos, generan un trato desigual para los privados que operan en el país. En noviembre, un grupo de petroleras estadounidenses envió una carta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En ella sostuvieron que existe un trato preferencial hacia las estatales mexicanas y pidieron que el tema se active formalmente en la revisión del tratado comercial. El documento también solicitó que se habilite un mecanismo de respuesta rápida para enfrentar lo que consideran prácticas discriminatorias. La intención es que el punto quede en la agenda desde el inicio del proceso, para evitar que se diluya en el contexto político que marcará el calendario electoral estadounidense. El Congreso de Estados Unidos también entró en escena. Desde el 10 de noviembre, legisladores de ambos partidos impulsan la iniciativa “Ley de Cumplimiento de Comercio Energético Mexicano”, con la que buscan asegurar que se respeten los derechos de las empresas norteamericanas en la industria energética mexicana. El respaldo empresarial crece. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la American Petroleum Institute (API) y la Permian Basin Petroleum Association se sumaron a las presiones y aseguran que las medidas vigentes en México restringen la inversión y limitan la competencia. La tensión se explica por cambios regulatorios recientes. La Ley de la Industria Eléctrica, la política de permisos y los estándares ambientales han sido señalados por los socios comerciales como obstáculos para la operación de privados, incluso en actividades como la importación, el almacenamiento o la distribución de combustibles. Para Estados Unidos y Canadá, el nuevo diseño energético mexicano contraviene el espíritu de libre competencia del tratado. Y el contexto actual complica aún más las cosas: los paneles inversionista-Estado desaparecieron del T-MEC, lo que obliga a que las disputas se canalicen vía el mecanismo Estado-Estado del Capítulo 31. Ese mecanismo ya fue activado una vez. En julio de 2022, los socios comerciales solicitaron consultas por las políticas energéticas mexicanas. Aunque el proceso no derivó en un panel formal, las tensiones nunca se desactivaron del todo. En los años siguientes, las fricciones escalaron hacia otros sectores —automotriz, migración, seguridad— y ampliaron la lista de desacuerdos que se discutirán en 2026. Para varios analistas, lo que en teoría sería una revisión técnica podría transformarse en una renegociación más amplia. Para algunos especialistas, el ambiente luce particularmente adverso. “Se anticipa que la revisión sea muy dura para México. Aunque está programada para julio de 2026, es muy probable que se prolongue hasta 2027 por varios factores: las situaciones en las que México ha ido en contra del TMEC; las elecciones intermedias en Estados Unidos, que politizan todo y podrían ser utilizadas por Donald Trump; y la necesidad del propio Trump de proteger su industria automotriz, lo que amenaza con que se mantengan los aranceles y la revisión sea todavía más complicada”, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.
Un marco regulatorio que redefine el papel del Estado La visión oficial mexicana es distinta. En un posicionamiento emitido el 11 de noviembre, la Secretaría de Energía rechazó tajantemente que exista trato discriminatorio hacia empresas estadounidenses mediante una defensa directa del marco legal vigente. “El marco jurídico mexicano en materia energética, incluyendo las recientes reformas constitucionales y legislativas, son consistentes con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La legislación mexicana mantiene y promueve la inversión privada para el desarrollo y reactivación de los sectores hidrocarburos y de electricidad bajo reglas claras y transparentes. Ejemplos de esto incluyen la implementación de la nueva figura de contratos mixtos entre los privados con las empresas públicas del Estado”, asegura el posicionamiento. “México no viola sus obligaciones del T-MEC, ni genera un trato discriminatorio en contra de los inversionistas estadounidenses y canadienses, tampoco elimina o restringe su participación, sino que establece de manera clara y transparente las formas en que los privados desarrollen actividades en este sector” Los cambios normativos establecen que la CFE debe mantener al menos 54% de la generación eléctrica. En hidrocarburos, Pemex conserva la titularidad de las áreas y la producción en los contratos mixtos, mientras que los privados asumen el riesgo y la inversión. Las asignaciones disponibles deben ser ofrecidas primero a Pemex. Para observadores del sector, la letra de la ley no deja lugar a dudas sobre el rol dominante del Estado. “La Ley es clarísima en términos de la prevalencia del estado y de beneficiar a Pemex y CFE, y a todas luces en una lectura textual, es discriminatoria para las empresas estadounidenses”, señaló Óscar Ocampo, director de desarrollo económico. Su advertencia no se detiene ahí. “Que acabemos en panel es un riesgo muy real, tiene apoyo bipartidista, a la oficina del representante comercial no le hace falta ganas de presionar a México por distintos lados, así que el riesgo es real”, concluyó.

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