Pobreza en educación y salud de calidad

Superar la pobreza multidimensional debería implicar acceder a una educación y salud de calidad, en caso contrario no se supera la pobreza.

De acuerdo con el INEGI, “la población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación”.

La definición anterior permanece en el cumplimiento de requisitos formales para dar un resultado de la misma naturaleza. Lamentablemente, en nuestro país tenemos una problemática real en cuanto a las verdaderas carencias de las personas que se sitúan en condición de pobreza, en cuanto al acceso a una educación y de servicios de salud de calidad.

Acceder a la educación, en verdad, no se puede acreditar o evaluar por el sólo hecho de haber concluido la escolaridad obligatoria en la edad esperada. Millones de estudiantes que cumplieron dicho requisito padecen de graves deficiencias educativas, lo cual los coloca en una verdadera situación de vulnerabilidad y desventaja frente a pocas personas en el país que en verdad acceden a una educación de calidad.

En el 2017 se confirmó“ los bajos niveles de desempeño de estudiantes en el sistema educativo nacional reportados en diversas evaluaciones del logro educativo, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de la educación obligatoria. En Lenguaje y Comunicación, 34% de estudiantes se ubicaron en el nivel más bajo, y 66% en el mismo nivel de Matemáticas. Ello significaba que estos estudiantes no han consolidado los aprendizajes clave que se evaluaron, tales como realizar inferencias de contenidos implícitos en diferentes tipos de texto o realizar inferencias a partir de un modelo matemático. A diferencia de que a nivel nacional, en Lenguaje y Comunicación, 9% de estudiantes se encuentra en el nivel más alto, y en Matemáticas sólo el 3%.”

Lo anterior, conforme a un estudio publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (extinguido en el sexenio pasado) y conforme al Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, en el que se estableció, como objetivo, conocer la medida en que los estudiantes de distintos niveles de la educación obligatoria logran un conjunto de aprendizajes clave establecidos en el currículo.

Desafortunadamente nuestro país, además de las deficiencias en la calidad educativa, que debería ser el verdadero objetivo para que la sociedad supere las condiciones de pobreza, también padece lo que el propio INEGI considera como rezago educativo, es decir, la no conclusión de la escolaridad obligatoria en la edad esperada.

En el mismo reporte, el INEGI nos informa que “de 2016 a 2022, esta carencia tuvo una tendencia al alza: pasó de 18.5 a 19.4 %, mientras que, en término absolutos, aumentó la población carente en 2.8 millones de personas durante el mismo periodo. En contraste, de 2022 a 2024 presentó una reducción en términos relativos y absolutos en aproximadamente 0.8 puntos porcentuales y 0.9 millones de personas.”

Además de las deficiencias en la calidad educativa, aún tenemos deficiencias importantes para un segmento de la población que ni siquiera accede de manera formal a las instituciones educativas.

Por otro lado, de acuerdo con el referido informe del INEGI, “el acceso a los servicios de salud que se considera en la medición de la pobreza multidimensional refleja el elemento esencial del derecho a la salud. Y a partir de este criterio, el umbral para calcular esta carencia es la adscripción o derecho para recibir servicios médicos de alguna institución pública o de servicios privados”.

Una vez más, estimo que el simple acceso a una institución de salud, sobre todo de carácter público, no garantiza que en verdad se satisfaga el derecho a la salud, ya que la sociedad afiliada a un servicio público de salud puede advertir las graves carencias y deficiencias en la prestación de tales servicios que van desde insuficiente, lenta e incompleta atención en los servicios de emergencia, en agendar las citas de consulta en medicina general y, sobre todo, de especialidades de las instituciones públicas de salud.