Plan de seguridad debe atender alta impunidad: expertos
A pesar de los operativos, detenciones y aseguramientos que difunde el gobierno federal, la percepción de inseguridad entre la población sigue en aumento debido a que la estrategia actual comete errores del pasado, no ataca la impunidad y se enfoca en objetivos políticos internacionales y no en la pacificación del país, consideraron especialistas consultados por El Economista.
“El combate al crimen organizado no puede medirse únicamente con detenciones o decomisos. Hoy, lo que vemos es una política orientada a calmar las presiones del gobierno de Estados Unidos —particularmente de Donald Trump—, más que a atender las causas estructurales de la violencia en México”, explicó Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
Además, señaló que la percepción de inseguridad no responde automáticamente a los cambios en la actividad delictiva. “Aunque una banda de extorsionadores sea desmantelada, eso no significa que al día siguiente la comunidad se sienta más segura. La percepción está mediada por factores locales, la magnitud del daño social y el temor persistente a que la autoridad esté coludida”, dijo.
También, consideró que la impunidad agrava el problema. “La violencia es un problema en sí mismo, pero su impacto se multiplica cuando no hay justicia. La frustración que siente una víctima cuando no se castiga al culpable alimenta la desconfianza hacia la autoridad y fomenta el silencio”, añadió.
Para cerrar la brecha entre realidad y percepción, Vargas propuso fortalecer la proximidad policial y el trabajo comunitario, así como reducir los delitos de alto impacto como la extorsión.
“Una persona extorsionada durante meses solo comenzará a sentirse segura cuando pasen varios meses sin amenazas ni cobros de piso”, puntualizó.
Por su parte, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, explicó que existe una profunda desconexión entre los datos de incidencia delictiva reportados por las autoridades y la experiencia real de la población.
“Puede que suban o bajen las denuncias, pero no necesariamente la criminalidad. Nueve de cada diez delitos no se denuncian”, detalló.
Fuerzas Armadas más fuertes
El especialista criticó que, sexenio tras sexenio, se priorice el fortalecimiento de Fuerzas Armadas o policiales preventivas, mientras se mantiene sin cambios el presupuesto y la capacidad de los ministerios públicos y policías de investigación. “Lo que necesita el país no es más policías patrullando calles, sino detectives que realmente investiguen los delitos”, sostuvo.
Hernández hizo hincapié en que el verdadero obstáculo para avanzar en justicia es el monopolio de las fiscalías sobre los actos de investigación, mismo que ha generado un ecosistema de corrupción y colapso institucional.
“Urge una reforma constitucional de fondo al artículo 21. Mientras el Ministerio Público siga siendo el único con facultades de investigación, no habrá transformación real. Cambiar de policía federal cada sexenio sin tocar la estructura de fondo no cambia el problema de raíz”, consideró el académico.
