Piden que consejeros no sean electos por voto popular
Un grupo de 22 exconsejeros y exmagistrados electorales hizo un llamado público a la ciudadanía, partidos políticos, empresarios, académicos, medios de comunicación y sociedad civil a participar en un diálogo nacional plural e incluyente en torno a la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un pronunciamiento conjunto, las y los firmantes coincidieron en la necesidad de una reforma que garantice los más altos estándares de integridad electoral y que sea resultado de un proceso de amplia deliberación pública y acuerdos, más allá de las mayorías parlamentarias.
“Una reforma electoral, como ha sido el caso en las últimas décadas, debe ser fruto de una amplia deliberación y acuerdos. No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo las minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”, consideraron los firmantes, entre los que se encontraron Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif, María Marván, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, entre otros.
Además, en el texto se plantearon una serie de seis propuestas, entre las que se encontraron: que se ajuste la asignación de escaños en los congresos para que refleje con mayor fidelidad el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, evitando distorsiones que beneficien artificialmente a las mayorías; la importancia de conservar la independencia de los órganos electorales tanto a nivel federal como estatal, así como de garantizar la colegialidad y profesionalización de sus estructuras.
También, se rechazó la idea de elegir las consejerías y magistraturas electorales mediante voto popular, como han sugerido sectores afines a la 4T, y en cambio propusieron que sean nombrados por el Congreso bajo criterios de experiencia, imparcialidad y conocimiento técnico, con vigilancia de los partidos; pidieron defender que el Registro Federal de Electores y la Credencial para Votar sigan bajo resguardo del INE, con vigilancia de los partidos, para preservar su carácter técnico e imparcial.
Por otro lado, se exigió un sistema robusto de rendición de cuentas para evitar la compra o coacción del voto, y sancionar el uso indebido de recursos públicos en campañas y se propuso que la selección de jueces y magistrados electorales se base en el mérito, la independencia y la pertenencia a una carrera judicial, para blindar su actuación de presiones políticas.