Perderían triunfos 7 aspirantes a Poder Judicial local por no indicar gastos

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de, al menos, 81 candidatos judiciales locales por no presentar sus informes de gastos de campaña; de esta cifra, siete resultaron ganadores del cargo, por lo que se encaminan a perder su triunfo.

Dichas cifras corresponden a las irregularidades encontradas en los informes de fiscalización de gastos de campaña de los más de 4,360 candidatos a juzgadoras locales que compitieron en los 19 estados que también celebraron elecciones judiciales el pasado 1 de junio.

Según los proyectos de resolución aprobados por el INE, en Quintana Roo se cancelaron los registros de cuatro candidatos por no presentar informes de gastos de campaña; de los cuales, tres resultaron ganadores: Hugo Uribe Nicolas, Iván Manuel Ayuso Osorio y Zeidy Stefany Diaz De la Cruz, todos ellos jueces locales en materia penal con especialización adicional en justicia para adolescentes.

Mientras que en San Luis Potosí, el INE canceló el registro de tres candidaturas, incluido el de Verónica Pilar Castillo Nieto, ganadora del cargo de jueza en oralidad penal del estado.

Del mismo modo, se canceló el registro de nueve aspirantes al Poder Judicial local de Tlaxcala; lo cual podría afectar el triunfo de Jesus Ruiz Ramirez como juez penal, ya que se le acusó de no presentar informes de gastos de su campaña, por lo que se le sancionó con la cancelación de su registro.

En el caso de la Ciudad de México, el INE determinó cancelar el registro de 15 candidaturas a cargos judiciales locales, incluido el de Alejandra Silvia Cordero Navarrete, como jueza familiar de la capital.

Por otro lado, este instituto también canceló los registros de 19 candidatos a juzgadores de Chihuahua, afectando el triunfo de Adalberto Contreras Payan como juez penal en el distrito 13-Morelos de aquella entidad.

En tanto, el INE también canceló candidaturas en los estados de Aguascalientes (1); Sonora (1); Tabasco (2); Tamaulipas (5); Veracruz (8); Yucatán (1); Baja California (8) y Coahuila (5); sin embargo, ninguno de estos aspirantes resultó ganador del cargo por el que compitieron.

Alertaron omisión

Según lo informado por el INE, la cancelación de las estas 81 candidaturas locales, que incluyen a siete triunfadores, se da luego de identificar que los aspirantes, pese a tener la obligación legal de presentar sus informes de gastos de campaña a más tardar el 31 de mayo pasado, no lo hicieron, sin importa que la autoridad fiscalizadora les hizo del conocimiento su omisión.

“Resulta claro que en el caso no hubo la intención de cumplir con la normativa electoral ni con el requerimiento efectuado por la autoridad fiscalizadora, pese a que ésta le notificó los hallazgos encontrados (…) En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta dolosa al no presentar el informe único de gastos de campaña, a sabiendas que le era exigible y que existían hallazgos que evidenciaban actos de campaña desplegados a su favor”, señalan los proyectos de resolución.

Y es que se dijo que al no cumplir con la norma, queda acreditada una falta “grave especial” relacionada con la voluntad o disponibilidad de la persona candidata para presentar el informe de campaña, aún y cuando la autoridad, mediante diligencia tendente a lograr el cumplimiento de dicha obligación, le brindó la oportunidad de hacerlo.

Rendición de cuentas

Durante la discusión de estos casos, la consejera Carla Humphrey Jordan recalcó que si no hay informe sobre gastos no puede haber fiscalización “y si no se rinden cuentas no puede sostenerse legítimamente una aspiración al cargo”.

Añadió que por ello es indispensable preservar la integridad del modelo electoral, la equidad en la contienda y la confianza de la ciudadanía en que las reglas son iguales para todas y para todos.

“Este Consejo General debe reconocer con seriedad y autocrítica institucional que enfrentamos una limitación que debilita los efectos de la fiscalización”, destacó.

Cabe señalar que la cancelación de estas candidaturas todavía pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral, quien, en dado caso de confirmar las faltas, deberá determinar la manera en la que estos cargos deberán ser ocupados.