Pemex registra nueva acusación por sobornos

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó este lunes que existen dos empresarios de origen mexicano, pero residentes en Texas, que son acusados por sobornos a funcionarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Ramón Rovirosa y Mario Ávila, quienes entre 2019 y 2021 conspiraron y pagaron sobornos a funcionarios relacionados con la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) por 150,000 dólares y diversos artículos de lujo, todo con la finalidad de asegurar contratos.

La acusación revela en el Distrito Sur de Texas, también señala nexos del empresario Rovirosa con miembros de cárteles mexicanos, por lo que actualmente ya se encuentra detenido y siendo procesado. En tanto, Ávila, el otro empresario permanece en libertad. Reuters no pudo contactar de inmediato a los abogados de Rovirosa y Ávila. Y Pemex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Junto con otros cómplices, Rovirosa y Ávila presuntamente pagaron los sobornos en efectivo y entre los artículos de lujo se encuentran algunos de las marcas Louis Vuitton y Hublot, a al menos otros tres funcionarios de Pemex y PEP. Los funcionarios de Pemex están acusados de ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos por valor de al menos 2.5 millones de dólares, según el comunicado. México y su empresa estatal Pemex han estado salpicados durante décadas por la corrupción, con varios funcionarios de alto nivel enfrentando cargos, entre ellos el exdirector general Emilio Lozoya. Andrés Manuel López Obrador, quien fue presidente de México durante el tiempo que abarca la acusación, se había comprometido a erradicar la corrupción que había asolado al país y a su empresa más importante durante décadas. Aun así, la clasificación de México en materia de corrupción descendió. Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y tres violaciones sustantivas de la misma. La ley prohíbe a ciudadanos, empresas estadounidenses o personas y compañías extranjeras en Estados Unidos pagar a funcionarios extranjeros para conseguir negocios.

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