Paquete Económico: espectro caro y bloqueo de plataformas
El Paquete Económico y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 confirman que la Secretaría de Hacienda mantiene su vocación de asfixiar el sector de telecomunicaciones y de controlar el ecosistema digital con un puño autoritario. Dos decisiones incluidas en la Ley Federal de Derechos y en el Código Fiscal de la Federación lo demuestran. Por un lado, se preservan las cuotas más caras de América Latina por el uso del espectro radioeléctrico; por el otro, se reinstaura el mecanismo de bloqueo de plataformas digitales si no cumplen obligaciones fiscales. Una combinación de voracidad recaudatoria y tentación censora.
El espectro radioeléctrico es el insumo básico de las telecomunicaciones móviles, la conectividad y la digitalización. México insiste en cobrarlo como si fuera un lujo y no un recurso estratégico para cerrar brechas sociales y económicas. El artículo 239 de la Ley Federal de Derechos ratifica las cuotas aplicables a los concesionarios por el uso y explotación de bandas, con un pequeño matiz: introduce descuentos sólo para operadores pequeños que cumplan metas de cobertura en zonas desatendidas.
El artículo 240 abre la puerta a asignaciones de frecuencias para “redes inteligentes” o privadas. Una medida que parece vanguardista, pero que funciona como distractor. Mientras se abre espacio a figuras experimentales, se mantiene intacto el costo prohibitivo para los operadores tradicionales y nacionales que llevan sobre sus hombros la inversión y el despliegue masivo de infraestructura.
El segundo artículo transitorio de la Ley Federal de Derechos es lapidario, porque para 2026 se mantienen las mismas cuotas de 2025. En otras palabras, México seguirá ocupando el vergonzoso primer lugar en precios del espectro en América Latina. Otros países han entendido que un espectro caro equivale a menor inversión, menor cobertura, menor calidad en los servicios móviles y más exclusión digital. Hacienda se aferra a preservar una caja recaudatoria que exprime al sector, inhibe el despliegue de 5G y posterga la llegada de nuevas tecnologías a millones de mexicanos.
La demagogia “social” presume inclusión digital, pero la realidad presupuestal contradice ese discurso. Mientras los operadores cargan con cuotas millonarias, los incentivos a la expansión son mínimos. El Estado ve el espectro radioeléctrico como fuente de ingresos, no como política pública para democratizar la conectividad.
El segundo frente de preocupación es igualmente grave, porque toca derechos fundamentales. El Código Fiscal de la Federación 2026 incorpora disposiciones que obligan a los prestadores de servicios digitales a dar al SAT acceso en línea y en tiempo real a sus sistemas. El nuevo artículo 30-B establece que, si estas plataformas incumplen, se procederá al bloqueo temporal de sus servicios, a través de concesionarios de telecomunicaciones.
El mecanismo no es nuevo, pues está previsto desde 2021 en la Ley del IVA. Pero es el mismo que provocó indignación cuando se propuso en el artículo 109 de la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ingenuamente creímos que el Ejecutivo Federal y el Legislativo habían sido sensibles, porque esa disposición fue eliminada después de los conversatorios en el Senado, porque equivalía a darle al gobierno un botón de apagado sobre Internet, con la justificación de perseguir incumplimientos fiscales.
Primero con el atuendo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ahora con el disfraz de recaudador de impuestos, Hacienda lo resucita. Es un retroceso autoritario que convierte al SAT en censor digital. El pretexto es cobrar impuestos a plataformas que ofrecen servicios digitales en el país, pero el riesgo es mucho mayor: hacer un seguimiento en tiempo real, invadir la privacidad, abrir la puerta al bloqueo de servicios de comunicación, redes sociales, aplicaciones de mensajería, de movilidad o contenidos en línea bajo la justificación de un adeudo fiscal. El peligro es extender esa facultad con fines políticos o de control de la información.
¿Quién garantiza que la restricción será proporcional, limitada y exclusivamente fiscal? El riesgo es que cuando un gobierno obtiene facultades de vigilancia y bloqueo, puede expandirlas más allá de su propósito inicial. La medida reinstaura la “Ley Censura” que la sociedad civil, la academia, la industria, incluso el gobierno y los legisladores rechazaron.
La lectura de ambas leyes revela un patrón. En el caso del espectro, la obcecación recaudatoria de Hacienda. No importa si se frena la inversión ni si se posterga la inclusión digital, lo que importa es mantener intacta una fuente cautiva de ingresos. No hay visión de política pública, sólo cálculo fiscal de corto plazo.
Para el bloqueo de plataformas resucita la obsesión por el control. Tener acceso en tiempo real a los sistemas de empresas digitales y la potestad de bloquearlas perfecciona un modelo de vigilancia constante y de sanción exorbitante. No se trata de impuestos, se trata de poder.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador Zamora, se convierte en una protagonista que erosiona dos pilares del desarrollo digital en México: la inversión en infraestructura y la libertad en el ecosistema de Internet. En vez de alentar el despliegue de 5G, la digitalización de la economía y la innovación, se castiga con espectro oneroso. En lugar de fortalecer un marco fiscal transparente y proporcional, se opta por un mecanismo de bloqueo que amenaza derechos constitucionales.
México necesita un paquete económico que entienda la relevancia de la economía digital y las telecomunicaciones como motores de crecimiento. Lo que presenta Hacienda es un diseño que frena el avance tecnológico y revive tentaciones de censura. La consecuencia será menos inversión, más litigios, menor confianza de las plataformas globales y un ecosistema digital bajo sospecha.
Otros países reducen las cuotas de espectro para incentivar la cobertura en zonas rurales y estimular el despliegue de nuevas tecnologías. México exige a los operadores pagar tarifas récord y luego se les critica por no cubrir zonas marginadas. Aquí se amenaza con bloquear plataformas como castigo, sin medir las repercusiones en los usuarios que dependen de esos servicios para trabajar, informarse o educarse.
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