Organización civil pide demoler condominios ilegales en Tulum
Cancún, QRoo.- La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) lanzó un llamado al gobierno federal para que niegue las autorizaciones de impacto ambiental a los condominios Adamar y MAIIS, que se construyen en Tulum, en franca violación a diversas normativas ambientales.
Esto luego de que sin haber tramitado los cambios de uso de suelo y la autorización de impacto ambiental, ambos proyectos ingresaron sus solicitudes de regularización en materia ecológica ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Antonella Vázquez Cavedón, representante de DMAS, consideró que lo mínimo que se puede esperar de Semarnat es que les niegue la autorización de impacto ambiental y promover la demolición de ambos, pues ya existen incluso recursos ganados en juzgados que han determinado la violación flagrante de la normatividad ambiental y urbanística de Quintana Roo y la federación.
Esto luego de que apenas en junio de este año, el juzgado quinto de distrito en Cancún determinó en el caso de NAIIM, que autoridades de desarrollo urbano a nivel municipal en Tulum le otorgaron al proyecto la licencia de construcción, mientras que el gobierno estatal le extendió la constancia de congruencia urbanística, lo cual viola la normativa, pues el proyecto no podía ser autorizado a nivel local sin primero contar con la autorización de impacto ambiental que otorga la Semarnat.
En el caso de Adamar, también está demostrado que los promoventes del condominio procedieron de manera ilegal al iniciar las obras sin ningún tipo de permiso y no haberlos tramitado en tiempo aún y cuando se les dio la oportunidad.
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En ambos casos, después de las denuncias ante los tres niveles de gobierno con la evidencia de que las obras carecen de permisos federales, se ingresaron las demandas de amparo ante la omisión de las autoridades para detener los trabajos.
Sin embargo, y pese a los recursos y clausuras en su contra, ambas empresas han continuado sin pausa con los trabajos de construcción.
Además de las denuncias de DMAS, la propia Profepa presentó otras dos denuncias penales y ha emitido un resolutivo en el que se reconoce el daño grave en materia ambiental
Se trata de dos casos en los que ha resultado imposible hacer valer la ley vigente tanto en materia ambiental como urbana, donde el entramado involucra a los tres niveles de gobierno, que pese a la evidencia, colocación de sellos de clausura y mandatos judiciales, han sido omisas ya no sólo en obligar que los responsables detengan la obra, sino en impedir que este desarrollo fuera de toda norma sea comercializado por “brokers” certificados por la ley inmobiliaria estatal, añadió Vázquez Cavedón.
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