Nuevo regulador energético inicia con mano dura y revoca permisos a 87 empresas incumplidas
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La Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que sustituyó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha dado las primeras muestras de su ‘colmillo’ ante aquellos permisionarios que incurran en algún fallo o incumplimiento regulatorio. El organismo aplicó sanciones económicas y revocaciones de permisos a empresas que incumplieron con obligaciones en hidrocarburos, gas y electricidad. El resultado se dio a conocer tras la quinta sesión ordinaria del regulador, realizada el 27 de agosto. A diferencia de la extinta CRE, estas sesiones no son públicas, pero trascendió el alcance de las medidas. En total, 87 permisionarios recibieron multas que ascienden a 428 millones 808,021 pesos. La cifra refleja tanto el volumen de los incumplimientos como la intención del regulador de enviar un mensaje contundente.
Revocaciones marcan un nuevo rigor regulatorio
De ese total, 56 empresas vinculadas a actividades de hidrocarburos y gas fueron sancionadas con 302 millones 436,450 pesos. La lista incluye desde distribuidores hasta operadores en diferentes segmentos de la cadena de valor. El sector eléctrico tampoco quedó exento. Se aplicaron 31 multas por un monto de 126 millones 371,571 pesos, motivadas por incumplimientos administrativos y técnicos. Además de las sanciones económicas, la CNE resolvió revocar permisos. En hidrocarburos, se retiraron 10, de los cuales 9 correspondieron a Almacenes Distribuidores de la Frontera, que no contaba con seguros de construcción, operación y mantenimiento. En electricidad, la medida fue más amplia: 25 permisos quedaron cancelados. Las razones fueron desde el no pago de derechos de supervisión hasta la falta de operaciones en los plazos establecidos. La omisión de presentar estimaciones de demanda energética también fue causa de cancelación, evidenciando la falta de planeación en algunos proyectos autorizados. Las resoluciones marcan un parteaguas para los regulados, muchos de los cuales habían operado bajo un esquema más flexible en el pasado. La falta de cumplimiento formal ahora tiene consecuencias inmediatas. Para Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita, el endurecimiento no es sorpresivo. “El regulado estaba muy mal acostumbrado, porque antes de la reforma energética quien supervisaba, y era el supervisado, era el mismo Pemex, entonces no había un cumplimiento formal y puntual. Además, eran menos las obligaciones y las autorizaciones que se requerían”, señaló. Recordó que tras la reforma energética se establecieron más de 80 normas y obligaciones para las empresas del sector, lo que amplió de manera considerable sus compromisos de cumplimiento. “No hay multas o sanciones (de las que se aplicaron) que estén fuera de la ley o que no se contemplen, la multa mínima por incumplimiento de una obligación es de un millón 600 por una obligación que te falte, y la misma ley lo menciona que si dejas de pagar 2 años seguidos la supervisión anual es inmediatamente revocación del permiso, incluso yo creo que se tardaron en sancionarlos”, explicó Marcelino. La especialista advirtió, sin embargo, que la política del gobierno actual también tiene un componente recaudatorio. “El actual gobierno también tiene una política recaudatoria y también a eso podría responder la imposición de multas y sanciones, las cuales podrían ser más constantes”, agregó.
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