Negro futuro

La elección de ministros, magistrados y jueces, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial, es la culminación de la aberrante reforma judicial impulsada por el vengativo López y por la presidenta Sheinbaum, una que terminará por destruir el Estado de derecho. El resultado de tal proceso ya lo podemos anticipar: casi todos los que resulten electos como miembros del Poder Judicial de la Federación habrán contado con el aval presidencial y de los legisladores de Morena y rémoras. Coloquialmente, “ya sabemos el resultado, solo falta la votación”, en un proceso pletórico de irregularidades y de ilegalidades (acordeones, acarreos, chantaje a los beneficiarios de programas sociales, boletas que no serán anuladas y que permitirán inflar e inclinar la votación durante un conteo por demás opaco), avalado todo ello por un INE capturado.

Ahora más que nunca son más que relevantes las palabras de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes: “Todo hombre que tiene el poder se inclina para abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Él lo tenía muy claro: la separación de poderes cumple una función estratégica de control, es decir, tener tres poderes independientes entre sí no solo es para evitar la acumulación de poder en una persona y su abuso, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones.

A partir de que los nuevos jueces, particularmente los ministros de la SCJN, asuman el cargo, al ser prácticamente todos ellos leales a Morena y al gobierno, la independencia del Poder Judicial habrá muerto y, en consecuencia, ya no cumplirá con la función de control y de contrapeso frente a un Poder Ejecutivo que, al tener también subordinado al Poder Legislativo, podría abusar de su poder.

La reforma judicial, junto con la muy amplia gama de delitos que ameritan la prisión preventiva aunque solo se sospeche de la comisión de alguno de ellos; las modificaciones a la figura del amparo que impide a los jueces hacer declaratorias de carácter general; la guillotina del Tribunal de Disciplina Judicial pendiendo sobre el cuello de cada juez por si osare dictar una sentencia que no sea del agrado de quien detente el poder, y la “supremacía constitucional” que impide impugnar ante la Corte cualquier reforma constitucional aunque se haya violado la misma Constitución durante su proceso de aprobación, cierran el candado que, para efectos prácticos, destruye el Estado de derecho y socava las libertades individuales. Las implicaciones son varias y prácticamente todas ellas graves. Ejemplos.

Primero, el Congreso, con el Vo. Bo. de la presidenta, podría aprobar una ley que sea inconstitucional o el mismo Poder Ejecutivo publicar un decreto que así lo sea. Cada individuo o empresa cuyos derechos hayan sido vulnerados podría acudir ante el Poder Judicial para que lo proteja mediante un amparo, aun sabiendo el juez que podría perder su trabajo si lo otorga. Sin embargo, dado que la probabilidad de que todos, individualmente, tramiten y obtengan uno es nula, la ley seguiría vigente a pesar de su inconstitucionalidad. Más aún, la posibilidad de que la Corte, dominada y subordinada al Poder Ejecutivo, así la declare y obligue al Congreso a modificarla es también nula. Ejemplos: una ley tributaria que violente los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, o la expropiación de propiedad privada sin justificación de la utilidad pública.

Segundo, una modificación a la Constitución que viole la libertad de los individuos para poseer bienes, eliminando con ello la propiedad privada; con la “supremacía constitucional” y una Corte sumisa, no habría manera de impugnarla. O, sin llegar a ese extremo, la presidenta y el Congreso podrían aprobar leyes que limiten la participación privada en determinada actividad u obligar a los particulares a destinar los recursos de su propiedad a aquel uso que el gobierno decrete. Los particulares, al no poder impugnarla porque los jueces no son independientes ni imparciales, no les quedaría otra más que acatar o vender sus activos, o extraer las utilidades y quebrar a la empresa. Esta arbitrariedad ya la vimos con la reforma del Infonavit, que obliga a los individuos a utilizar sus recursos (su ahorro) para construir viviendas a través de una empresa gubernamental. Otro ejemplo: la obligación para las empresas ferrocarrileras de subordinar, en el uso de las vías férreas, el transporte de carga a los trenes de pasajeros.

Tercero, empresas favorecidas por el régimen que incurren en prácticas monopólicas ante las cuales los competidores estarían indefensos, ya sea porque los nuevos jueces no tienen los conocimientos sobre estructuras de mercado, o porque reciben la instrucción desde el poder de proteger al abusador, o porque el juez le debe su puesto a esa empresa.

Podríamos dar más ejemplos, pero lo que es un hecho es que nos podríamos enfrentar, sin defensa judicial posible, al uso abusivo del poder, y que con un Poder Judicial subordinado y parcial desaparece la certeza jurídica, misma que es necesaria para que haya inversión y progreso económico. Nos espera un negro futuro; pobre México.