Necesaria, estrategia integral vs extorsión a limoneros: expertos

En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, fue detenido en Michoacán un hombre identificado como Rigoberto “N”, presunto jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a productores de limón en el Valle de Apatzingán.

Según el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la captura se realizó tras los trabajos de investigación que siguieron al homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado recientemente en Michoacán.

Rigoberto alias el Pantano es señalado como operador del grupo criminal Los Blancos de Troya, organización aliada con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido habría fungido como autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, además de ser uno de los principales responsables del cobro de cuotas a los productores de limón en la región.

El asesinato de Bravo se suma a al menos otros seis casos de agricultores en la entidad, desde 2018, relacionados con casos de extorsión.

Entre los crímenes figuran los de Raúl Fierros Fierros, Luis Alberto García Bastián, J. Jesús Sánchez Ochoa, Rubén Mendoza Estrada y Hugo García Hernández, ingenieros agrónomos reportados por organizaciones civiles como víctimas de ataques en la región de Uruapan entre 2018 y 2020.

En junio de 2023, a su vez, fue ultimado Hipólito Mora Chávez, exlíder de las autodefensas y productor de limón en La Ruana.

La resistencia de los limoneros frente a las extorsiones comenzó a tomar fuerza en julio de 2023, cuando la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, encabezada por Bernardo Bravo, realizó el primer paro general de la industria. Entonces, los productores denunciaron el cobro de piso que ascendía a un peso por kilo, distribuido entre el corte y la comercialización del fruto. La protesta detuvo la actividad agrícola y las empacadoras durante semanas, hasta que el gobierno prometió atender las denuncias.

Sin embargo, la calma fue temporal; en agosto de 2024, los limoneros de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro suspendieron sus actividades tras denunciar el cobro de “impuestos criminales” por parte de al menos tres cárteles que exigían entre dos y tres pesos por kilogramo de limón, lo que llevó a una crisis económica en la región.

Problema que no es reciente

Especialistas consultados por El Economista opinaron que el control del crimen organizado sobre la producción agrícola en Michoacán no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino el resultado de años de omisión y colusión de autoridades.

Cristina Pablo Dorantes, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en seguridad, indicó que “la extorsión a agricultores no es reciente, lleva más de dos sexenios ocurriendo en Michoacán. Lo grave es que se dejó crecer como todo el crimen organizado”.

Recordó que desde la creación de los grupos de autodefensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Estado fue incapaz de frenar la expansión de las organizaciones criminales que comenzaron a imponer cuotas a productores y a controlar mercados locales.

Por su parte, Alberto Guerrero, consultor y especialista en temas de seguridad también, explicó que el problema se extiende por toda la región de Tierra Caliente —desde Apatzingán hasta los límites con Guerrero—, donde las bandas criminales impusieron una especie de “impuesto criminal” a los agricultores.

“Por cada kilo de limón que se vende a cinco pesos, dos van directamente para las empresas criminales, uno para el productor y el resto apenas alcanza para pagar a los cortadores. Es una economía en números rojos”, detalló.

El experto destacó que estos grupos, además de extorsionar, han penetrado las estructuras políticas locales. “Primero financian campañas, luego se cobran con carteras municipales. Controlan seguridad, inspección, vigilancia y licitaciones. Es una empresa criminal completa”, afirmó.

Para revertir la situación, ambos especialistas consideraron que debe de haber, además de operativos y medidas de seguridad, rendición de cuentas, transparencia, políticas públicas con una visión de seguridad ciudadana; además de que la intervención debe ser integral y basada en inteligencia criminal y financiera, no solo en operativos militares.

Crimen en el estado

Según un informe de la DEA y el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, en el estado operan al menos cinco cárteles y organizaciones delictivas más pequeñas que se disputan el control de la producción de drogas sintéticas, el control del puerto de Lázaro Cárdenas, así como la extorsión a agricultores y el robo de gasolina principalmente.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el principal grupo criminal en el estado, utiliza una estructura tipo franquicia y su capacidad financiera para disputar el territorio michoacano mediante violentos enfrentamientos con grupos locales.

La Familia Michoacana (LFM), aunque surgió en 2006, opera como un conglomerado de facciones, incluyendo La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Cárteles Unidos. Estos grupos mantienen una fuerte presencia en el corredor costero y alrededor del puerto de la entidad.

Los Viagras (liderados por Nicolás Sierra Santana) y el Cártel de Zicuirán–La Hermandad H-3 (encabezado por Miguel Ángel Gallegos Godoy), operan en alianzas con el CJNG. Además de que existen otros grupos como La Nueva Empresa y Las Moicas.