México demuestra que las políticas sociales y laborales reducen la pobreza

Los resultados de la ENIGH 2024 confirman algo que en realidad era esperado: las políticas laborales y sociales de los últimos años han tenido un impacto real y medible en la vida de los hogares más pobres. Por primera vez en mucho tiempo, las cifras no solo muestran crecimiento en el ingreso promedio, sino también una reducción significativa en la desigualdad y una caída de la pobreza.

Entre 2016 y 2024, la participación del 10% más rico de la población en el ingreso total cayó de 36.4% a 30.3%, mientras que la del 10% más pobre creció de 1.8% a 2.2%. Se trata de incrementos relativos muy importantes para un período tan corto. El ingreso de los más pobres no solo creció, sino que creció más rápido que el del resto. Esto es evidencia de que la política de aumentos salariales, la de regulación laboral y la expansión de los programas sociales han tenido efectos redistributivos concretos.

Reducir la desigualdad y la pobreza es un fin en sí mismo, en este caso, logrado por esos mecanismos de intervención del Estado en la economía. Como resultado, los ingresos derivados por el trabajo crecieron más que los que se generan por la propiedad.

Se trata, además, de un modelo sostenible desde el punto de vista financiero. Las políticas distributivas no destruyeron la estabilidad de las finanzas públicas nacionales, como sí sucedió, por cierto, en los años 80. Se rompió el mito de que transferencias más generosas, incrementos al salario mínimo y mayores controles al cumplimiento de los derechos laborales generarían periodos inflacionarios y afectarían a la competitividad de la economía. Por el contrario, el crecimiento que va a tener la economía mexicana este año, a pesar de los fenómenos comerciales globales, que son recesivos y generan inestabilidad, se debe en buena medida a la capacidad de consumo nacional, que en parte se sostiene debido a este incremento de los ingresos de las personas, particularmente las de menores recursos.

Por supuesto, los retos a futuro son importantes. Una vez definidas las nuevas reglas del comercio global, México debe buscar mayores tasas de crecimiento, como lo establece el Plan México, sustentado en industrias en las que vamos a tener ventajas comparativas arancelarias, y en las que ya tenemos capacidades importantes, como la farmacéutica, la de insumos médicos, la electrónica, la de electrodomésticos, la química, la de electromovilidad y la relacionada con la cadena de semiconductores. También recuperar industrias en las que podemos sustituir importaciones, como textil y la de calzado, o desarrollar otras con gran potencial, como la agroindustrial o las que tienen que ver con la economía circular. Retomar el crecimiento también, como se comienza a hacer, con mayores inversiones públicas y las que se puedan coordinar con el sector privado en la electricidad, en la petroquímica y en infraestructura.

Lo que también muestran los datos es que la desigualdad regional persiste. El ingreso promedio de los estados más ricos del país casi triplica al de los más pobres. Eso demanda de la creación de empleos de calidad en nuevas zonas del país y, por tanto, una política industrial de carácter regional, que genere en esos lugares inversión y actividades de mayor valor agregado. El gobierno ha planteado, con esa finalidad, el desarrollo de polos en zonas del país con la capacidad de generar mejores empleos en lugares con economías que no han formado parte de las cadenas globales de valor. El seguir este paso en mayor crecimiento, también con un enfoque de inclusión, para mantener lo logrado y ofrecer mayores y mejores oportunidades de empleo a lo largo del país.