Más leyes sin contrapesos para el gobierno
Hace poco señalé que el plan del gobierno respecto a la “mejora” regulatoria tenía serias deficiencias e intenciones autoritarias.
La semana pasada el ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de “Ley nacional para eliminar trámites burocráticos”.
La idea publicitada es aligerar la carga de los trámites a los ciudadanos mediante la digitalización y otras medidas. Eso es bienvenido y ojalá sea efectivo —a diferencia de “acciones” que se quedan en propaganda, como el internet gratuito en las calles que normalmente no sirve y sí bloquea otras conexiones—.
Pero la iniciativa incluye otras medidas que atentan contra la transparencia, los derechos de los ciudadanos y los contrapesos frente a las decisiones del gobierno.
Elimina trámites para el gobierno. Notablemente, lo exime del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) —que bajo la ley actual el gobierno debe presentar cuando propone nuevos reglamentos, normas o leyes que implican costos a la sociedad— y del periodo de consulta a la población involucrada y elimina el Observatorio Nacional de Reforma Regulatoria —foro de análisis de las empresas y la sociedad civil—.
Con esas disciplinas e instancia, la intención de la ley actual (que se propone derogar) es que las regulaciones que emita el ejecutivo sean útiles: necesarias, que busquen reducir riesgos y daños a la sociedad, como accidentes, desastres, de salud, etc.; y, muy importante, que su beneficio social supere al costo de su cumplimiento.
Su eliminación dejaría a los ciudadanos indefensos ante la regulación oficial y seguramente se acumularían nuevas reglas innecesarias, inútiles o demasiado costosas, aunque convenientes políticamente para el gobierno, aun cuando los trámites sean “fáciles” para la gente debido a la digitalización, ventanillas únicas, etc.
Repito el ejemplo de una regulación agilizada pero inútil y costosa: la licencia de manejo de fácil obtención, con el pago de un derecho, pero sin examen para evaluar la capacidad mínima para conducir (que eliminaría riesgos obvios) y ni siquiera sirve como identificación oficial.
El mecanismo actual, la ley de mejora regulatoria y la comisión (CONAMER), es perfectible pero va en la dirección correcta. Pretende eliminar la regulación oficial excesiva y su arbitrariedad, instinto común de todos los gobiernos.
Esas disciplinas fueron molestas para López Obrador, por lo que destituyó de facto la autonomía de la CONAMER, haciéndola dócil a sus deseos. Nombró a un Comisionado obediente, no independiente, quien exceptuó de las disciplinas a iniciativas como la ley eléctrica de su jefe.
La iniciativa actual lo institucionaliza. Da una carta blanca para las intenciones regulatorias del gobierno, sin la molestia de considerar las opiniones de los ciudadanos afectados.
Otra iniciativa es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el traspaso de su función a la agencia de digitalización: las facultades del IFT independiente y colegiado se concentrarían en la presidencia. Sin contrapesos. Su aprobación fue pospuesta para el siguiente periodo de sesiones a solicitud de la presidenta, pero todo indica que la concentración de las decisiones subsistirá.
