Los privilegiados de Morena
En México, los escándalos políticos suelen llegar envueltos en justificaciones. En lugar de aclaraciones precisas, abundan las mentiras, las omisiones intencionales y los discursos defensivos que acusan de su desgracia al enemigo conservador y al linchamiento mediático.
Sin dejar atrás la protección política que brindó a Hernán Bermúdez -líder del grupo criminal La Barredora y secretario de seguridad de Tabasco, al mismo tiempo-, Adán Augusto López suma un nuevo escándalo, ahora relacionado con ingresos millonarios y favores fiscales.
Investigaciones periodísticas revelan que el exsecretario de Gobernación recibió más de 79 millones de pesos de empresas privadas, bajo el concepto de servicios profesionales; que las empresas que emplearon sus servicios habrían obtenido de forma sospechosa los contratos públicos e, incluso, están señaladas como empresas fantasma; y que los millonarios ingresos no fueron registrados en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.
El asunto se agravó cuado se conoció que el senador solo pagó 1.9 millones, en lugar de 26 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para millones de contribuyentes que ven cómo el SAT les exige cada factura, cada recibo y cada centavo, el contraste es indignante.
En lugar de ofrecer una explicación clara, López Hernández respondió con el libreto de siempre y se dijo víctima de una campaña de ataques de la derecha conservadora. El tema no es ideológico, sino de legalidad, congruencia y responsabilidad ante la ciudadanía.
Solo en este año, Angela Rayner, viceprimera ministra del Reino Unido, dejó el cargo tras descubrirse que pagó una cantidad menor del impuesto sobre la propiedad en la compra de su segunda vivienda. Cecilia Cairo, quien fue la ministra de vivienda en Uruguay, dimitió luego de que se hizo público que vivía en una casa de su propiedad, por la cual no pagaba impuestos.
En ambos casos, no hubo campañas de desprestigio ni víctimas de conspiraciones: bastó el hecho de haber fallado a la confianza pública para presentar sus renuncias.
Ese es el punto. En democracias consolidadas, la ética pública no es un accesorio, es un estándar. Y los funcionarios entienden que perder la confianza de los ciudadanos es suficiente para dejar el cargo.
En México, en cambio, los señalados se atrincheran y convierten la rendición de cuentas en un combate partidista.
Adán Augusto López Hernández no es un político menor. Fue diputado federal, senador, gobernador de Tabasco y el número dos del Gobierno de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. (Sin vibrar que quería ser presidente). Hoy es senador con influencia real en la vida pública.
El problema de fondo es el mismo de siempre: mientras a los contribuyentes comunes el SAT les exige puntualidad y severidad, a los políticos más cercanos al poder se les permite bordear la ley con explicaciones poco convincentes. Ese doble rasero erosiona la confianza en las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano.
La credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto no puede sostenerse sobre los mismos viejos privilegios. En este caso, más que un asunto de tecnicismos fiscales, está en juego la confianza pública. Y esa, una vez rota, es difícil de recuperar.
Por eso, su omisión no es un tecnicismo ni un malentendido burocrático: es un golpe a la credibilidad de la Cuarta Transformación, un proyecto que prometió romper con las viejas prácticas de opacidad y privilegio. Parece que siguen jugando a la simulación.
