Llamado urgente a la solidaridad
Vienen de lejos y de cerca, de Chihuahua, Coahuila, Baja California; de Morelos, Estado de México y de esta capital; de todas las regiones donde la violencia creciente arrasa y sigue llevándose a sus hijos, hijas, maridos, madres, hermanos/as, de pronto desaparecidos y nunca encontrados o hallados asesinados en algún paraje o calle, o destrozados y ocultados en alguna de las miles de fosas clandestinas que estas familias han encontrado por todo el país, aquí mismo, en el Ajusco, desde hace más de 15 años. Miles de personas tragadas por la violencia, la impunidad y la indiferencia o colusión de gobiernos que van y vienen, que niegan o minimizan el vacío que la desaparición extiende en todo el país, donde nos faltan más de 126,000 personas.
Jóvenes como Nimbe Selene Zepeta Xochicua, cuyo padre la busca desde mayo de 2019 cuando salió hacia la escuela en el Edomex y no volvió; hombres como Teodulfo Torres Soriano, desaparecido en 2013, cuyos familiares exigen que el gobierno haga efectivo su “derecho a ser buscado”; jóvenes como Jonathan Romero Gil, detenido y desaparecido por policías municipales en Acapulco ,en 2018, cuya madre denuncia que en Guerrero “se vive la peor violencia”; niñas y niños como Fátima y Daniel, ella retenida y después asesinada por unos vecinos; él, asesinado en Monterrey, donde la familia se había desplazado y estaba “protegida” por el gobierno, homicidio que su madre denuncia como “crimen de Estado”. Madres asesinadas en la búsqueda, dos sólo en Jalisco en abril, y tantas otras después del asesinato de Marisela Escobedo, que cimbró a la sociedad en 2010; familias laceradas por la desesperación y el dolor ante la impunidad y la negligencia oficial.
Cada año son más las colectivas y personas, algunas muy jóvenes, que viajan hasta el centro del país para alzar su voz, su clamor por Justicia y Verdad, sus reclamos al gobierno. Marchan unidas para que sus protestas y exigencias, sus denuncias atravesadas de dolor e indignación, retumben desde el Ángel hasta el Zócalo, hasta los oídos de la presidenta, de esta presidenta empeñada en negar la realidad y minimizar el sufrimiento de tantas familias. A ella y a su gobierno esta vez le hablaron muy fuerte, desde la dignidad de la resistencia y la búsqueda de la Verdad; le reclamaron al Estado “que está en deuda con nosotros”, que ha “ignorado y despreciado a las familias”; a los gobiernos anteriores y a este que “han permitido, tolerado al crimen organizado” y “administran estos crímenes de lesa humanidad”, este “crimen perfecto” que es la desaparición.
Tras decirle a Claudia Sheinbaum: “no nos engaña con promesas falsas”, proponen que, como gesto para inspirarles confianza, inicie “con la restructuración de la FGR”, impulse procesos contra quienes se han llevado a tantas personas y violan derechos humanos básicos de todos, empiece por garantizar la seguridad de todos. Contra el gobierno “indolente y omiso”, “perverso y traidor”, afirman que “las madres no nos rendimos, llegaremos a la verdad”, con o sin el apoyo oficial. En su comunicado, las organizaciones también reconocieron este 10 de mayo la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas de invocar el artículo 34 para enfrentar esta crisis y exigieron a la presidenta que permita la creación de un mecanismo independiente de investigación, en acuerdo con el Comité, que trabaje para investigar, encontrar a las personas desaparecidas, y crear medidas de prevención. Piden “¡castigo a los culpables!” y advierten: “¡Sin las familias, no; sin las familias, nunca!”.
Ante la creciente presencia de colectivas y personas que marchan por la dignidad nacional, y la sordera de este gobierno irresponsable – más indignante, si posible, después de Teuchitlán– resuena con más urgencia su exhortación a la sociedad entera: “no sólo tiene que conmoverse, tiene que moverse”.
Responder a este llamado a la solidaridad activa es hacer nuestras sus demandas “hasta encontrarles”.
