Ley telecom de Sheinbaum legaliza la preferencia del Estado por Altán Redes

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“El Poder Ejecutivo federal podrá proveer el servicio de Internet a usuarios finales por sí o mediante asociación público-privada. Y en este último caso, siempre que el Estado mantenga en todo momento la dirección y el control del proyecto”.

El párrafo significa una pesadilla para el capital privado, porque en esas 39 palabras se abre la posibilidad legal de que el Poder Ejecutivo solicite espectro radioeléctrico de manera gratuita y apto para servicios 4G y 5G, para luego entregarlo a la empresa de telecomunicaciones mayoristas Altán Redes, donde el Estado, a través de la banca de desarrollo y la estatal eléctrica CFE, ya dirige a la compañía.

Pareciera entonces que ese párrafo fue escrito conforme el contexto que viven Altán y la estatal CFE Telecom dentro del mercado móvil mexicano.

El problema no sería tanto la asignación del espectro sin licitación o sin contraprestación, sino el nivel de pago de derecho anual que debería hacer el operador estatal en relación con los privados para no vulnerar la competencia del mercado móvil.

Altán Redes fue rescatada de la quiebra en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Luego el presidente le inyectó unos 490 millones de dólares en diferentes periodos para regresarla competitiva al mercado. Y más tarde, la Comisión Federal de Electricidad usó su músculo para comprar la deuda de Altán a varios acreedores al 10% de su valor.

Primero se pensó que el rescate significaba un plan del gobierno federal para apoyar los objetivos de cobertura social que dieron sentido a la existencia de Altán, pero después Altán comenzó a crecer más en los mercados urbanos que en las áreas rurales y abiertamente solicitó su acceso al mercado minorista, que todavía tiene vedado. Y al mismo tiempo, el gobierno federal le permitió a Altán pagar tardíamente su tributación por la explotación de sus licencias de espectro en la banda de los 700 MHz, cuando Telcel, AT&T y Movistar pagaban uno de los precios más altos del mundo por usar espectro.

El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión llega ahora con vitaminas para Altán, porque deja abierta la posibilidad de que esa compañía entre a competir directamente al mercado minorista, por ello es que esta ley presenta un espíritu de preferencia por Altán Redes.

“Existe el peligro de que se dé un trato preferencial hacia un operador estatal, lo que impactaría negativamente al mercado”, dijo el analista José Felipe Otero. Incluso, “el gobierno podría fortalecer con asignaciones directas a Altán y luego forzar a todas las dependencias federales a contratarle sus servicios de telecomunicaciones a este operador, sin subasta pública ni competencia”, dijo el director de la consultora especializada en telecomunicaciones ICT Development Consulting.

No sólo ello, la propuesta de ley presentada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión para su aprobación también es un maná para BAIT de Walmart, porque si Altán consigue, mediante la nueva ley, acceder a frecuencias de las bandas radioeléctricas de los 600 MHz, de 1.5 GHz o en los 2.5 GHz y en 3.5 GHz, que todavía están disponibles en paquetes nacionales para crear potentes servicios de 5G, entonces el operador de Walmart tendría asegurado a ese acceso al ser el principal cliente celular de Altán.

Es por ello que los competidores de Altán y BAIT estarían desconcertados por el contenido de este proyecto de ley que podría lastimar las inversiones privadas y distorsionar el mercado, por mucho que el Estado también estudie la posibilidad de reducir a los operadores privados los cobros por la explotación de sus licencias de espectro.

“Esta nueva ley va a lastimar la inversión y es más bien una invitación para que los operadores mejor se vuelvan virtuales y trabajen sobre la red de Altán, porque como está escrito el proyecto hay una real posibilidad de que se le entreguen valiosas bandas que a los privados venden caro”, dijo Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group.