L’État, c’est moi
La publicación a finales de abril de la propuesta para modificar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no ha tenido una recepción favorable en el mercado de telecomunicaciones nacional. No obstante, la gran mayoría de los análisis se han centrado en indicar los problemas que emanan de este documento como si fuese un suceso aislado.
Considero importante recordar que los principales elementos de la reforma de telecomunicaciones solo sirven para dar continuidad a una estrategia de gobierno que inicia durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la reforma judicial de 2024 y continúa en 2025 con las reformas a los marcos legales de los sectores de energía y tecnología.
La característica principal de estas reformas es la creación de una presidencia con poderes casi omnímodos. Desde el Palacio Nacional no solo se controlará al Poder Judicial, sino que se decidirá en temas de competencia, asignaciones de concesiones y multas, entre otros.
Lo importante para el gobierno es eliminar los poderes autónomos de las distintas dependencias del Estado. Aquello que se veía como un elemento positivo para incrementar la transparencia y neutralidad en las decisiones se elimina para dar paso a instituciones que son apéndices del Poder Ejecutivo. Por esta misma razón, su desempeño será discrecional, pues difícilmente dictarán sentencia o promoverán normas que contradigan directamente los deseos de Presidencia.
No es suficiente que se justifique el texto propuesto con las intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el artículo 109 expresa el poder que tiene el gobierno para bloquear una plataforma digital. Esto no es nada nuevo; en Brasil se ha observado cómo la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), a través de los años, ha suspendido temporalmente las operaciones de entidades como WhatsApp y X (antiguo Twitter).
Texto del artículo 109:
“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) para el bloqueo temporal de una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimientos a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que le sean aplicables.
La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo de una plataforma digital”.
La diferencia con los actos de ANATEL y lo que potencialmente podría ocurrir en México es que el regulador brasileño es una entidad autónoma; la decisión la toma sin necesidad de estar alineado con el primer Ejecutivo de ese país. Mientras, en México las acciones podrían terminar en censura. Es cierto que hay voces que defienden el texto del artículo 109, alegando que el espíritu de la ley se centra en sanciones relacionadas con comercio electrónico por el no cumplimiento de la ley.
Este alegato peca de inocencia o de ignorancia. Digamos que la presente administración de la presidenta Sheinbaum solo considera la implementación de este artículo en casos de comercio electrónico, ¿quién garantiza al pueblo mexicano que la persona electa en 2030, 2036 o 2042 tenga la misma interpretación de la ley?
Considerar el peligro potencial es tan sencillo como ver las diferencias abismales entre el presidente Trump y sus dos antecesores inmediatos, los presidentes Obama y Biden, o mirar a Brasil para encontrar las diferencias de gobierno entre el presidente Lula y su antecesor Bolsonaro. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, un control del Poder Judicial y de las plataformas de información, como se plantea en México, fácilmente podría haber llevado al éxito a los ataques sediciosos al Capitolio de Estados Unidos o al Palacio Nacional de Justicia de Brasil.
No cabe duda de que la centralización de poder que está ocurriendo en México, al debilitar a los poderes Judicial y Legislativo, lo que hace es regresar al país a los años del monopartidismo priista, donde la única pregunta que se tenía era quién sería nombrado sucesor por el presidente saliente.
La creación de una presidencia con poderes casi monárquicos le permite influir en decisiones de los jueces, concesionarios de medios, operadores de telecomunicaciones, plataformas digitales, proveedores de energía, distribución de combustible y la expedición/revocación de permisos para el manejo de hidrocarburos.
Dicho de otra manera, Presidencia tiene en sus manos el poder de definir el cómo, dónde y cuándo se implementa una estrategia de desarrollo en el país. Entidades como la Secretaría de Energía (SENER), CFE, PEMEX y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) son simplemente las herramientas que Presidencia utilizará para ejercer el control político. Sin olvidar que ya ejerce el control de las principales fuerzas de seguridad del país y que pueden ser utilizadas para asegurar la implementación y cumplimiento de las órdenes que se envíen a las agencias subordinadas al Ejecutivo federal.
Obviamente, la concentración de poder no es saludable y, tarde o temprano, el esquema mostrará síntomas de enfermedad al comenzar a comprometerse los derechos de los ciudadanos a una justicia imparcial, la libertad de expresión y los abusos de poder. No hay que olvidar que la creación de entidades autónomas se dio para evitar abusos de poder por parte del gobierno de turno.
Es muy difícil considerar a la propuesta de ley de telecomunicaciones y radiodifusión como un paso acertado en el futuro de este sector en México, sobre todo cuando contiene tantos artículos que podrían ser interpretados como potencialmente impulsando la censura de los detractores del gobierno. A la suspensión de las plataformas digitales debe sumarse las multas de hasta 5 % de los ingresos a quienes transmitan propaganda extranjera, concepto demasiado subjetivo y que podría tener interpretaciones escandalosas dependiendo del interlocutor y el ofendido. ¿Se considerarían las citas de gobiernos extranjeros o entrevistas de funcionarios extranjeros como propaganda? ¿Impulsará esto la autocensura de los medios? ¿Por qué se revive el tema fallido de listados de usuarios? ¿Se busca proteger al usuario o vigilarlo?
Por otra parte, la definición por parte del Ejecutivo de todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico indudablemente crea consternación en los actores del sector. ¿Cuánta experiencia se tiene en Presidencia en temas de administración de espectro? ¿Quiénes podrían recibir concesiones directas? ¿Cómo se decide la política de conectividad del país? ¿Prioridad a estados con gobiernos afines o se creará un cronograma nacional con fases de trabajo que cubra todo el país?
El texto continúa con un flaco acercamiento a temas como la neutralidad de la red, que puede ser vulnerada con el cumplimiento de distintos artículos, o la consideración de un entorno totalmente IP en el que las aplicaciones, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la realidad virtual dominan cualquier plática sobre tecnología. Todas estas debilidades por sí solas muestran una propuesta de ley mal escrita, con objetivos contrarios al beneficio de los usuarios y que, al juntarse a las reformas energética y judicial, lo que hacen es crear un arma de doble filo que podrá causar bien o mal dependiendo de quién sea presidente.
Una verdadera lástima, México merece mucho más.
