¿Las reglas electorales que permitieron a la oposición acceder al poder deben cambiarse para cerrar la puerta?

Durante más de 70 años nuestro país vivió un régimen de partido hegemónico a través del PRI. Sin embargo, en 1963 se promovió una reforma electoral para abrir espacio a la representación político partidista y se aprobaron los llamados diputados de partido. 

Mediante los diputados de partido podían acceder a la Cámara de Diputados algunos líderes que, aún cuando no hubieran ganado un distrito electoral, el partido político nacional que obtuviera el 2.5 % de la votación total de la elección respectiva, tendría derecho a que se le asignaran cinco diputados y hasta veinte, asignándole uno más por cada medio punto porcentual acreditado de la votación total.

Esta reforma permitió en su momento una representación política a un segmento social minoritario, a pesar de las circunstancias que imponía y dominaba el partido hegemónico en aquel entonces, tales como la disposición absoluta de los recursos públicos y de los aparatos de seguridad que, en ocasiones empleaba para reprimir a la oposición política, entre muchas otras cuestiones adversas.

En 1972 se llevó a cabo otra reforma electoral en la que, entre otras cuestiones, redujo el porcentaje para acceder a los diputados de partido, de 2.5 % originalmente previsto a 1.5 % con la reforma electoral. Sin embargo, prevalecía las condiciones que hacían prácticamente muy difícil el acceso de la oposición a la representación política.

En 1977 se llevó a cabo otra reforma electoral en la que se estableció la elección de 300 diputados electos bajo el principio de mayoría relativa y hasta 100 diputados que serían electos por el principio de representación proporcional mediante listas regionales. Este sistema se estableció como obligatorio para las entidades federativas, de tal manera que la representación proporcional también se establecía a nivel estatal o regional.

Si bien es cierto que esta reforma dio un impulso importante a la representación política de un segmento minoritario, el partido hegemónico aún se imponía por ejemplo en la conformación del Colegio Electoral, que era el órgano que calificaba las elecciones y que se integraba mayoritariamente por el partido hegemónico.

En 1986 se llevó a cabo otra reforma electoral en la que se amplió el número de diputados de representación proporcional hasta 200, en tanto que los diputados de mayoría se mantuvieron en 300. Respecto de los diputados plurinominales se amplió a todos los partidos políticos y no solo a los minoritarios, pero se estableció un tope de 350 diputados como máximo que un partido político podría obtener por ambos principios.

En el periodo de 1990 a 1994 se promovió las reformas que prácticamente terminaron por conformar, en términos generales, el marco institucional y normativo electoral hasta nuestros días. En el que se amplió la representación plural en el Senado de la República a través de los senadores de primera minoría, la creación de un órgano autónomo electoral y un Tribunal Federal Electoral con un sistema legal de impugnaciones.

El sistema electoral se diseñó a partir de la experiencia de padecer un sistema de partido hegemónico y que ya no respondía a una sociedad crecientemente plural políticamente y con aspiraciones a consolidar un régimen democrático.

Lamentablemente, nos ha hecho falta seguir formando demócratas, puesto que, precisamente para consolidar una democracia, también se requiere demócratas convencidos, no solo demócratas de discurso y que en la práctica saquen a relucir el pequeño priista que tienen dentro (como decía Carlos Castillo Peraza).

En estos días estamos escuchando que se quiere convocar a una nueva reforma electoral y apuntan en contra de los diputados de representación proporcional, las prerrogativas partidistas entre otras cuestiones que no abonan hacia una representación plural como la realidad social.

El sistema electoral que tenemos no surgió hace apenas unos años, fue el fruto del esfuerzo de una historia de la oposición democrática por abrir espacios para la participación política de la ciudadanía de todos los partidos políticos.

Existen reformas que no pueden ni deben estar sujetas al criterio de la mayoría, porque terminan por extinguir la participación de las minorías, lo cual es absolutamente antidemocrático e inconstitucional.