Las múltiples batallas legales que tensan el imperio de Salinas Pliego

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La tormenta que rodea a Ricardo Salinas Pliego no tiene un solo origen. En los últimos meses, el empresario ha quedado en el centro de una convergencia inédita de frentes legales, fiscales, financieros y regulatorios que han tensionado como nunca antes al conglomerado que preside, Grupo Salinas. Hoy, su figura domina el debate público no por nuevas expansiones o adquisiciones, sino por la magnitud de las disputas que enfrenta en México y en Estados Unidos. El primer flanco —y el más oneroso— es el fiscal. Los desencuentros entre el empresario y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves ratificó por unanimidad créditos fiscales que Salinas Pliego litigaba desde hace años. Se trata de adeudos vinculados a ejercicios entre 2008 y 2013, originados en un cálculo de pérdidas que la autoridad consideró indebido y que redujo indebidamente el Impuesto Sobre la Renta de Grupo Elektra y TV Azteca. El corazón del conflicto fue un cálculo de pérdidas que la autoridad consideró artificialmente inflado y que redujo los impuestos a pagar. Los litigios, que comenzaron con un monto inicial de poco más de 35,000 millones de pesos distribuidos en siete expedientes, crecieron con recargos acumulados por retrasos de hasta 17 años.

Aunque la compañía impulsó amparos para frenar el cobro, este jueves, la Corte resolvió contra los intereses del empresario. “Ya la Suprema Corte votó en su contra. No hay nada por encima de la Suprema Corte”, dijo un analista que pidió no ser citado. En el caso más cuantioso, el litigio ascendía inicialmente a casi 18,500 millones de pesos. La Corte también avaló una multa contra el empresario por intentar recusar a dos ministras en uno de los procesos. Solo quedan dos asuntos pendientes, por un valor inicial de poco más de 700 millones de pesos, pero el desenlace ya está marcado: el Alto Tribunal ha cerrado las puertas a nuevos recursos. El fallo anticipa una obligación aproximada de 50,000 millones de pesos, a reserva del cálculo final del SAT. Frente a ello, Grupo Salinas anunció que llevará la disputa fuera del país. “Que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos”, afirmó la compañía en un comunicado difundido la mañana posterior al fallo. La vía internacional no está definida, pero el conglomerado adelantó que podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata, sin embargo, de un camino incierto y sin precedentes en disputas fiscales, que además se superpone con otros litigios que avanzan en paralelo: los de TV Azteca con acreedores en Estados Unidos y las controversias corporativas vinculadas al mercado de valores mexicano.

La salida de Elektra del mercado bursátil Elektra, la empresa en torno a la cual comenzó la carrera empresarial de Salinas Pliego en 1987, ya no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En diciembre, los accionistas aprobaron su desliste y la BMV suspendió su cotización el 30 de septiembre, al no contar con el mínimo de acciones en circulación. También fue expulsada de los índices S&P/BMV IPC y otros referentes del mercado bursátil local. “Hay analistas que estiman que a partir de swaps, Ricardo Salinas ya tiene 95% de la empresa”, dijo un especialista. Ese porcentaje es suficiente para cancelar la inscripción de la compañía en el mercado público. La salida se da en medio de extrema volatilidad y tras un desplome de precio en diciembre de 2024. El argumento del corporativo es que el mercado “no maximiza el valor de la entidad”, una razón que también han esgrimido emisoras como Sanborns, Bachoco y Lala. La privatización de Elektra implica que la compañía ya no deberá divulgar información financiera trimestral. “Va a hacer todo lo posible por no pagar al SAT, o hacerlo ya que esté deslistada y tratar de que no lo veamos todos en un reporte trimestral”, dijo el especialista. Con ello, el manejo de los litigios fiscales queda ahora en un terreno menos visible para inversionistas y público. A este frente se suma el conflicto con Astor Asset Management 3 Ltd., fondo al que Elektra acusó de apropiarse ilegalmente de siete millones de acciones, un diferendo que incluso llevó a una suspensión bursátil entre junio y octubre de 2024. Astor sostiene que se trataba de una garantía por un préstamo personal a Salinas Pliego. Pese a las tensiones legales, las operaciones del retailer muestran fortaleza. En el tercer trimestre, Grupo Elektra elevó 6.1% sus ingresos, de 50,761 millones a 53,864 millones de pesos; su flujo operativo avanzó 0.8%, a 6,922 millones, y la utilidad neta ascendió a 2,274 millones de pesos, revirtiendo la pérdida de 574 millones registrada un año antes. El brazo financiero del grupo, Banco Azteca, logró sostener una operación financiera dinámica. Al cierre de septiembre, acumulaba 353,124 millones de pesos en activos y administraba 240,764 millones en depósitos, además de una cartera de crédito cercana a los 204,000 millones, un volumen que confirma su peso en los segmentos de ingresos bajos y medios. Ese impulso también se reflejó en los resultados. La colocación de crédito creció 11.5% gracias a los préstamos al consumo y financiamientos personales, dos pilares tradicionales del negocio, mientras que las utilidades avanzaron 11% en el periodo, según la CNBV.
La presión sobre TV Azteca y los litigios externos El frente mediático tampoco está libre de presiones. TV Azteca enfrenta desde 2023 la presión de fondos en Estados Unidos que exigen que la televisora se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares. Sin embargo, la compañía obtuvo amparos en México que frenaron temporalmente las acciones de los acreedores. La televisora argumentó ante sus acreedores que la pandemia había deteriorado sus finanzas al punto de impedirle cumplir con sus obligaciones y que solo retomaría los pagos cuando recuperara estabilidad operativa. Esa postura reforzó la percepción de una crisis más profunda y prolongada dentro del corporativo, que ya enfrentaba presiones por la caída estructural en ingresos publicitarios y el avance de competidores digitales. TV Azteca logró blindarse en tribunales mexicanos. Desde septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le concedió amparos para impedir que los acreedores en Estados Unidos emprendieran acciones en su contra, incluidos procesos de cobro y la solicitud de que la empresa se acogiera al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas. Los documentos judiciales consultados dan cuenta de una estrategia jurídica sostenida para contener cualquier intento de ejecución en el exterior. La tensión creció cuando, en mayo de 2023, Ricardo Salinas Pliego obtuvo un amparo adicional del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México para impedir que la televisora entregara información financiera a la Bolsa Mexicana de Valores. El último reporte disponible sigue siendo el del cuarto trimestre de 2022, cuando la compañía reveló un desplome de 68% en sus ganancias por la caída de ventas de publicidad y los elevados costos asociados a la transmisión del Mundial de Qatar 2022. Desde entonces no existe claridad sobre su situación financiera actual, un vacío que complica aún más la posición de sus acreedores. La disputa derivó en un arbitraje internacional en curso desde hace más de un año. La Secretaría de Economía reconoció gastos de 150,000 dólares solo en la primera etapa del proceso, según una solicitud de transparencia hecha por Expansión . Para los acreedores, la probabilidad de un acuerdo con TV Azteca es baja, mientras los intereses y penalidades de la deuda continúan acumulándose. “La televisora de Salinas Pliego está en medio de una reestructura financiera y con la sentencia de la Suprema Corte es probable que no pueda hacer frente a los impagos de los acreedores de Nuevo York”, dijo Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero. Vera advierte que el impacto financiero y reputacional podría limitar su capacidad de acceder a nuevo capital o refinanciar sus pasivos. El empresario también enfrenta un conflicto con AT&T, que pagó 25 millones de dólares como fianza en Nueva York para evitar la cárcel de Rikers por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015. En este entramado, emerge nuevamente la dimensión pública del empresario. Su hiperactividad en redes lo convierte en actor central del debate político y mediático. La televisión —dice Vera— sigue siendo determinante para cerca de 30% de la población, lo que mantiene la influencia del conglomerado, pero también acentúa el escrutinio. Hoy, el hombre que hace tres décadas compró Imevisión para convertirla en TV Azteca enfrenta simultáneamente tribunales fiscales, cortes internacionales, presiones de acreedores y cuestionamientos sobre la salud financiera de sus empresas. Y mientras tanto, entre comunicados, amparos y sentencias, la batalla continúa en un terreno más político que contable, donde cada resolución judicial reconfigura los márgenes con los que uno de los empresarios más visibles —y más polémicos— del país podrá sostener sus operaciones y su influencia. Con información de Luz Elena Marcos

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