La soberanía biométrica está en peligro

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El mundo se digitaliza. Ahora basta con mostrar el rostro o colocar un dedo sobre una pantalla para acceder a servicios bancarios, cruzar fronteras o recibir apoyos gubernamentales, pero surge una pregunta clave: ¿quién controla nuestros datos biométricos ? El concepto de soberanía biométrica , que es el derecho de individuos y Estados a decidir cómo se recaban, almacenan y usan estos datos, es crucial en un momento en que los riesgos por filtraciones, vigilancia y discriminación tecnológica crecen.

Alex Blania, CEO de Tools for Humanity, la empresa detrás de Worldcoin, sostiene que su proyecto es capaz de garantizar control individual sobre los datos biométricos mediante un diseño técnico que evita el almacenamiento centralizado y promueve la transparencia a través del código abierto. “El sistema está diseñado de tal forma que los datos ni siquiera se almacenan centralmente en ningún lugar y nadie podría acceder a esos datos. Incluso nosotros, como Tools for Humanity, aunque quisiéramos exponer a alguien o acceder a los datos, en realidad no podríamos acceder a los de nadie”, explica Blania. La empresa recién anunció una colaboración con Taiwán, país que se caracteriza por tener altas exigencias de privacidad e incluso estableció por ley la prohibición de construir bases de datos centrales de identidad y que sirve de parteaguas para hablar sobre lo complejo que es el trabajo con reguladores y los que están en el segmento de empresas especializadas en biometría. Blania reconoce que uno de los mayores retos es el marco legal. “Pasamos mucho tiempo hablando con reguladores y explicándoles lo que hacemos”. Para él, este diálogo será clave, ya que anticipa que en el futuro los gobiernos buscarán activamente integrar este tipo de tecnologías para enfrentar desafíos como la proliferación de inteligencia artificial en línea. A escala mundial, India es el caso más emblemático, pues su sistema Asdhaar tiene 1,300 millones de registros que le permiten al gobierno combatir fraudes y ampliar servicios sociales, pero también ha enfrentado escándalos por filtraciones de datos que expusieron a más de 200 millones de personas. En China, el uso masivo de reconocimiento facial y la recolección de ADN para vigilancia, sobre todo en regiones como Xinjiang, es ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos. En Europa, aunque el uso de biometría crece, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) impone reglas estrictas, y ciudades como Barcelona y Ámsterdam han decidido limitar el uso de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos.

¿Qué sucede en Latinoamérica?

Países como Brasil, Argentina, Colombia y México han avanzado en la adopción de tecnologías biométricas, especialmente en bancos, telefonía móvil, programas sociales y control migratorio. Brasil tiene uno de los padrones biométricos más grandes de la región, mientras que Argentina implementa reconocimiento facial en estaciones de tren. Sin embargo, la región enfrenta retos particulares en la falta de marcos regulatorios sólidos, desigualdad tecnológica y una débil cultura de protección de datos que amplifica riesgos de exclusión social, discriminación y abuso de poder. En abril de 2025, la R3D por los derechos digitales publicó un análisis crítico sobre las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, las cuales proponen integrar datos biométricos, como el reconocimiento facial y huellas dactilares, a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y al Registro Nacional de Población. Estas reformas buscan centralizar, de acuerdo con la asociación, esta información en una base de datos masiva y obligatoria, lo que, según R3D, representa graves riesgos para la privacidad, seguridad y derechos humanos de más de 130 millones de personas en el país. La soberanía biométrica no solo se trata de privacidad, sino de poder, pues se trata de saber quién tiene acceso a los ‘cuerpos digitalizados’. Además, el mercado biométrico global no muestra señales de desaceleración, se espera que supere los 83,000 millones de dólares en 2027,según datos de Tools for Humanity, lo que significa que este debate solo se volverá más urgente. En un contexto global donde las tensiones geopolíticas y el avance corporativo se cruzan con la vida cotidiana, entender y exigir control sobre estos datos es clave para proteger derechos fundamentales, señala R3D.

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