La Rectoría del Sistema de Salud: Un Mandato de Equidad

La salud de una nación es un espejo de su progreso. En México, ese espejo nos muestra una imagen fragmentada, donde la calidad de la atención depende, en gran medida, de la institución a la que uno pertenece o de su capacidad de pago. Esa realidad no es un accidente; es el resultado directo de la falta de un sistema unificado y con una rectoría clara.
A juicio de quien escribe, es una necesidad categórica. La atomización del sector no solo genera ineficiencias operativas y genera costos redundantes; también crea un sistema de atención de primera, segunda y tercera clase. Las personas en México no deberían tener que preocuparse si el médico en el centro de salud de su comunidad sigue los mismos lineamientos que un especialista en un hospital de alta especialidad en las ciudades. La diferencia en la calidad y el acceso a los servicios de salud es, en esencia, una de las mayores expresiones de la desigualdad social.
El problema es de fondo: tenemos la necesidad de una rectoría clara y rigurosa de la Secretaría de Salud sobre las políticas, los estándares y los protocolos de atención. En un sistema federalizado, la autonomía de las entidades federativas y la naturaleza jurídica de las diferentes instituciones (como el IMSS y el ISSSTE) a menudo han impedido una verdadera coordinación. El resultado es un rompecabezas de servicios que no siempre encajan, con piezas que no se comunican y que, en momentos de crisis o en la atención diaria, revelan sus fisuras. La falta de homologación se manifiesta en la duplicidad de estudios, la dificultad para transferir expedientes, la variabilidad en los tiempos de espera y, en casos extremos, en diagnósticos y tratamientos inconsistentes y falta de tabuladores de costo estandarizados.
El camino hacia la equidad en salud pasa, ineludiblemente, por la homologación. Hablar de políticas de salud homologadas significa establecer un conjunto de reglas universales para el cuidado, que sean aplicables desde el consultorio más remoto hasta la torre médica más sofisticada. No se trata de burocratizar el sistema, sino de estandarizar la calidad.
En la práctica esto implica la necesidad de: i. Protocolos de Atención: Que los protocolos para las enfermedades más comunes sean los mismos en todo el país, independientemente de la institución. Esto garantiza que todos los pacientes reciban un tratamiento basado en la evidencia científica más reciente, los primeros pasos se han dado, pero tenemos una deuda importante más allá de los 6 PRONAMs que se han publicado; ii. Guías Farmacológicas Estandarizadas: La homologación de los cuadros básicos de medicamentos y su disponibilidad para todas las instituciones, con apego estricto al Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Esto evitaría que un paciente en una institución reciba un fármaco y en otra no, simplemente por la lista de compras de cada entidad; iii. Expediente Clínico Único y Digital: El santo grial de la salud digital, donde el historial completo de una persona sea accesible para cualquier médico, en cualquier parte del país, con los debidos candados de seguridad. Esto no solo previene errores, sino que optimiza el tiempo y los recursos.
La homologación es el motor que impulsa la equidad. Un paciente no debería tener que buscar una “segunda opinión” porque el primer médico no tiene los recursos o los protocolos para un diagnóstico completo. En un sistema homologado, cada consulta, cada estudio y cada tratamiento se alinean bajo una única brújula rectora.
Ya se ha dicho antes en este espacio, para que la rectoría de la Secretaría de Salud sea efectiva y logre la homologación que anhelamos, es indispensable que se apoye en tres pilares que ya he explorado en este espacio: gobernanza, interoperabilidad y trazabilidad.
En el fondo, la rectoría del Sistema Nacional de Salud es un mandato de confianza. En un país donde las instituciones son a menudo vistas con escepticismo, un sistema de salud que garantice la misma atención para todos, sin importar su origen o su ingreso, sería un paso monumental hacia la construcción de un tejido social más justo.
La inversión en salud digital y en una gobernanza robusta no es un gasto, sino una inversión estratégica en el capital humano de la nación. Un ciudadano sano es más productivo, más resiliente y tiene un futuro más prometedor.
El desafío no es menor, pero la recompensa es aún mayor. No se trata de desmantelar lo que ya existe, sino de integrarlo bajo el liderazgo unificado de la Secretará de Salud y con políticas públicas claras. Se requiere un esfuerzo de coordinación sin precedentes, una inversión inteligente en tecnología y un compromiso político que trascienda los periodos sexenales.
La definición, pero sobre todo la implementación de rectoría es el principal reto para la equidad en salud en México. Solo con una Secretaría de Salud fuerte, capaz de imponer políticas homologadas y de utilizar la gobernanza, interoperabilidad y trazabilidad como sus principales herramientas, se podrá garantizar que la salud sea un derecho universal y no una mercancía sujeta a la suerte. No solo se trata de la cantidad de hospitales que construimos o equipamos, sino por la calidad y la equidad del servicio que proveemos en cada rincón del país.
Hoy cierro con una frase que se atribuye a W. Edwards Deming “No se trata de decir a la gente lo que debe hacer, sino de construir un sistema en el que puedan hacerlo de la mejor manera posible”.
*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, es socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad.