La política laboral
Por algunos años se asumió que la mejor política laboral era desregular. La premisa era que a menores requisitos para la contratación, la creación de empleo sería mayor, entonces, al final del día los trabajadores estarían en una mejor situación. De hecho, se decía que la razón de los altos niveles de informalidad del país era precisamente esa, la regulación laboral. Por eso no era buena idea incrementar el salario mínimo.
La verdad es que la regulación laboral mexicana se fue relajando desde las crisis de los ochenta, incluso más que otras economías latinoamericanas. Ya en este siglo, más bien la tendencia global fue reforzar los mecanismos de protección a los trabajadores, con mayores salarios mínimos y otras medidas en favor de las condiciones laborales, pero en México nos tardamos casi un par de décadas en rectificar. Lo hicimos en el tema del salario mínimo, pero también en restringir la tercerización de la contratación, o el llamado outsourcing.
El uso del outsourcing, que es correcto para las actividades no centrales de las empresas, no es adecuado para las tareas que constituyen su fin principal. En realidad, el abuso se realizaba para eludir el pago de impuestos y las contribuciones laborales. Es por eso que se modificó la legislación para que todo trabajador o trabajadora que labore en las actividades propias de la empresa tenga un contrato de trabajo con la misma, no con un tercero. Eso tiene el beneficio de que los derechos y las prestaciones de los trabajadores se conservan.
Se trata de beneficios de enorme valor fundamentalmente para quienes realizan trabajos manuales, no de carácter estrictamente profesional. El resultado, de acuerdo con los resultados de los Censos Económicos, es favorable. En los censos de 2008, 2013 y 2018, el porcentaje de personal remunerado, el pagado por la empresa, era de 56.7, 56.5 y 59.9%, respectivamente, mientras que el pagado por otra razón social era de 11.6, 14 y 15.2%. En los censos de 2023, el porcentaje de personal pagado por la propia empresa es de 73.7%, mientras que el pagado por otra razón social es de solamente 1.6 por ciento.
Esto es, prácticamente todos los trabajadores remunerados formales en México están contratados por la empresa en la que en realidad laboran. El caso mexicano muestra que es posible regular mejor el mercado laboral, para garantizar las prestaciones laborales establecidas, sin efectos negativos en la creación de empleo. Las empresas se ajustaron a la nueva regulación, y el resultado es que más trabajadores y trabajadoras cuentan con derechos que en esquemas tercerizados no están garantizados.
La realidad mostró que existen esquemas adecuados para proteger a los trabajadores y garantizarles un mínimo de derechos; desregular no es lo mejor para los mercados laborales, ni para los trabajadores.
